La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 debe trascender al ámbito de reflexión académico, por lo que el Congreso está obligado a emitir leyes específicas para permitir su aplicación efectiva, destacaron expertos.

En la inauguración del Seminario Internacional "Derechos humanos, jerarquía normativa y obligaciones del Estado", Luis Raúl González Pérez reiteró que el tema fundamental de una Constitución dentro de una sociedad democrática son las garantías fundamentales del ser humano.

El abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indicó que todo lo demás que se construya debe estar subordinado a su respeto, preservación y defensa, en tanto que son la razón de la existencia y justificación del Estado mismo.

Como lo ha sostenido el doctor Sergio García Ramírez, citó, "el Estado se debe organizar no como mejor convenga a los intereses de las personas o los partidos que ocupen sus estructuras de poder, sino como mejor convenga al ejercicio pleno de los derechos humanos".

En este sentido manifestó que la reforma al Artículo 1 constitucional ha generado un campo amplio de debate y reflexión que, necesariamente, deberá trascender los entornos académicos para permitir la aplicación efectiva de este precepto.

Es decir, que se materialicen sus contenidos a nuestra realidad social, pero esto no es tarea fácil porque la reforma presenta varias cuestiones técnicas "que si bien no alteran la sustancia y propósitos de la misma, es previsible que compliquen su aplicación".

El también especialista en temas de derechos humanos y procuración de justicia añadió que los temas torales para su puesta en práctica son la formulación de las leyes que la reglamenten y las adecuaciones que necesariamente se tendrán que hacer, como consecuencia, a todas las demás normas vigentes.

El director general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) México, Francisco Valdés Ugalde, recalcó a su vez que el país tiene al menos 20 años de retraso en derechos humanos.

Precisó que en otras naciones de América Latina las reformas que los dotaron de un peso específico se aplicaron a principios de la década de los 90.

Según la reforma, resaltó, el Ejecutivo en sus tres niveles de gobierno debe crear políticas públicas con perspectiva de derechos humanos y aumentar su garantía a favor de las personas, en forma progresiva.

Por ello se deben formular presupuestos con perspectiva y condición para el cumplimiento efectivo de las obligaciones en la materia y son, dijo, los Poderes Legislativo federal y local lo que tienen la obligación de armonizar las leyes emitidas con anterioridad a la reforma.

Además deben emitir leyes específicas sobre los artículos transitorios y pensar en los mecanismos a adoptar, para que las leyes cumplan con la armonización en materia de estándares internacionales y en el que permita el avance progresivo de la protección y garantía de los derechos, a través de la emisión de leyes y la aprobación del presupuesto.

En tanto que desde el punto de vista de Víctor Manuel Rojas Amandi, director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, el nuevo sistema jurídico del siglo XXI "está en obra negra, no ha sido concluido".

Dicho sistema, continuó, está constituido por tres pilares que se deben concretar: primero la reforma de 2001, que incorpora al texto constitucional los tratados sobre normas protectoras de derechos humanos y los principios de interpretación conforme y el pro persona.

El segundo de los pilares se deriva de la resolución de la sentencia en caso Rosendo Radilla, en el que se emitió una orden directa desde el extranjero para que las autoridades judiciales de México lleven un control sobre la consistencia de las normas nacionales con relación a las internacionales.

Por último, el correspondiente a un expediente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el control difuso de constitucionalidad junto al de convencionalidad, las modalidades de interpretación conforme y la importancia de la jurisprudencia internacional en la aplicación de normas nacionales, expuso.