Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validara la constitucionalidad del precio único del libro, editores del país pidieron que se cumpla con lo que dice la ley en la materia y lo que acordaron las partes involucradas.

La presidenta de la Alianza de Editoriales Mexicanas Independientes (AEMI), Déborah Holtz, recordó que cuando se propuso la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro y su reglamentación se acordó que el precio único se fijaría a partir de su página legal.

En entrevista con Notimex, Holtz añadió que lo convenido fue que correrían 36 meses para que el libro estuviera protegido por el precio fijado por el editor, luego se hizo una modificación a 18 meses, pero lo ideal es que sean 36.

Subrayó que ese es su deseo y, a su juicio, el de todos los editores mexicanos, "porque eso representa que dentro de una librería siempre habrá un mayor número de libros que ostenten un precio fijado por el editor".

Por otro lado, advirtió, "buscamos que exista un órgano regulador y vigilante de la Ley del Libro. Hasta hoy nadie se ha adscrito, a pesar de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene un concejo que debe atender eso, y la Dirección General de Publicaciones (DGP) también debe ser supervisor de esta ley".

A finales de abril, la Corte determinó que es constitucional fijar un precio único al libro, pues no infringe los derechos a la libertad de comercio, igualdad, seguridad jurídica, legalidad, libre concurrencia y competencia económica.

Según un comunicado de esa instancia, "el precio único de venta de libro, lejos de perjudicar a los consumidores, los beneficia en la medida en que facilita el acceso equitativo al libro garantizando un mismo precio de venta al público en todo el territorio nacional, sin importar donde se adquiera".

Los artículos 22, 24, 25, y 26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, aprobada en 2008, se refieren al precio de venta único para el público y los cuales son constitucionales, refrendó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La decisión de la Corte negó el amparo interpuesto en 2009 por la librería Porrúa Hermanos y Compañía, que acusó de inconstitucional la aprobación de esta ley al afectar directamente a las pequeñas empresas.

Holtz, también directora de Ediciones Trilce y promotora del precio único, recordó que en la administración pasada este asunto quedó parado; sin embargo, animada consideró que "hoy se dan las condiciones adecuadas para que ese proyecto se convierta en realidad".

En este sentido pidió no perder de vista que dicha ley contó con el apoyo de todos los protagonistas de la cadena productiva del libro, o sea escritores, editores, distribuidores y libreros, durante seis largos años de trabajo.

Lamentó, sin embargo, que el momento en que se elaboró el reglamento muchos de esos actores se desligaron del tema y no se avanzó más, por lo que "obviamente el resultado fue desastroso, por una corresponsabilidad de ambas partes".

No obstante ese antecedente, la editora afirmó que prevalece una total convicción e interés de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), la AEMI y otros miembros de esa cadena por volver a dar el empuje a esa ley y a su reglamentación, que involucra el precio único del libro.

"El precio único en realidad nunca se llevó a la práctica y lo acabo de sufrir en carne propia", dijo Holtz, quien relató que recién entregó una "novedad editorial a una cadena de librerías y de inmediato le pusieron 25 por ciento de descuento, lo cual me hace trizas, igual que al resto de los editores locales".

Por ello consideró que se vive un momento definitivo para que la sociedad en su conjunto, y particularmente quienes se dedican de una manera o de otra al arte de la literatura desde cualquiera de sus trincheras, "estimulemos tanto a la ley que habla del fomento al libro, como a la reglamentación de su precio único".