El juicio por la presunta negociación que en los años noventa habrían mantenido miembros del Estado italiano con Cosa Nostra, la mafia siciliana, inició hoy en el Tribunal de Palermo, Sicilia.

La negociación habría buscado finalizar la ola de atentados perpetrados en varias ciudades por esa organización criminal

La primera audiencia, presidida por el juez Alfredo Montalto, se abrió esta mañana con la presencia de algunos de los imputados, entre ellos ex el ministro del Interior y ex presidente del Senado, Nicola Mancino.

"Yo he combatido siempre a la mafia, no puedo estar en el mismo proceso en el que está presente la mafia, por lo que pediremos separar mi caso de la de los otros imputados", declaró Mancino.

El ex ministro está acusado de haber negociado a inicios de los noventa, cuando era ministro del Interior, con Cosa Nostra, y a él se agregan el ex senador Marcello Dell'Utri, mano derecha del ex primer ministro Silvio Berlusconi.

También los ex oficiales de los carabineros Antonio Subranni, Mario Mori y Giuseppe De Donno, los colaboradores de la justicia Giovanni Brusca y Massimo Ciancimino.

También son acusados casi todos los máximos jefes de Cosa Nostra ya en prisión de máxima seguridad, Salvatore "Totó"Riina, Leoluca Bagarella y Antonio Ciná.

Por la parte acusadora estuvieron presentes los fiscales Francesco Messineo, Vittorio Teresi, Nino Di Matteo, Francesco Del Bene y Roberto Tartaglia.

En total la fiscalía ha citado a 178 testigos, entre ellos el presidente de la República, Giorgio Napolitano y el presidente del Senado y ex procurador antimafia, Pietro Grasso.

El juicio inició el mismo día en que se cumplieron 20 años del atentado de la vía Georgofili de la ciudad de Florencia, perpetrado por Cosa Nostra, en el que murieron cinco personas, 48 resultaron heridas y fueron dañadas las Galerías de los Oficios, sede de obras del arte universal.

El ataque formó parte de la guerra lanzada en esos años por la organización criminal contra el Estado y que incluyó atentados en Roma, Milán y Palermo, como en los que fueron asesinados los ex jueces antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino.

La fiscalía sostiene que miembros del Estado italiano negociaron con Cosa Nostra para poner fin a la ola de ataques y que le habrían ofrecido garantías carcelarias y otros beneficios.