Piden al Senado revisar reforma sobre manifestaciones sociales

Organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos pidieron al Senado revisar la eventual reforma a los artículos 29 y 33 constitucionales, para evitar que avalen disposiciones contrarias a la manifestación social.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Angélica de la Peña Gómez, recibió a integrantes del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, quienes presentaron sus inquietudes y propuestas acerca del dictamen de leyes secundarias de esos artículos de la Constitución.

Recordó que ese dictamen se retiró del pasado periodo ordinario de sesiones, ante la solicitud de llevar a cabo un proceso de consulta entre la academia, la sociedad civil y los órganos de gobierno.

"Todo parece indicar que tenemos que ir a una gran reforma en materia de derechos humanos, otra segunda reforma estructural de nuestra Constitución," dijo la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En su opinión, la reforma del 11 de junio de 2011 incumple con las expectativas.

De la Peña Gómez destacó el compromiso de las organizaciones de la sociedad civil con la defensa y protección de los derechos humanos, así como la importancia de su función en el proceso de diseño de las leyes en la materia.

El director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, José Antonio Guevara Bermúdez, subrayó que en su forma actual, el dictamen contiene cláusulas que abren la puerta para que el Ejecutivo se extralimite en sus funciones relativas a la suspensión de derechos.

Opinó que debe quedar claro que el titular de ese poder únicamente puede llevar a cabo actos administrativos y no cuestiones legislativas.

Acusó en el proyecto supuestos de restricción y suspensión no autorizados, ni por la Constitución ni por los tratados internacionales de los que México es parte, y llamó a ampliar el catálogo de derechos que no están sujetos a suspensión.

Julio Hernández Barros, integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pidió establecer medidas restitutorias adecuadas que reparen a la sociedad daños ocasionados por la suspensión o restricción de garantías y además desincentiven su uso por parte del Ejecutivo.

Por Artículo 19 participó Leopoldo Maldonado, quien consideró importante establecer una distinción entre la restricción de derechos y la suspensión de obligaciones del Estado frente a esos derechos, que no es sinónimo de su anulación.

Recomendó revisar y hacer adecuaciones a los últimos párrafos de los artículos 7 y 25, sobre la obligación del Estado a proveer las garantías administrativas y judiciales indispensables para la protección de derechos.

El abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Simón Hernández, reflexionó la posibilidad de llevar a debate la redacción del artículo 29 constitucional, que, dijo, data de 1857, para fijar parámetros actuales.

Propuso aclarar el supuesto de perturbación grave de la paz pública, ya que el concepto de orden público ha sido revertido y señalado como una razón que permitiría la restricción de derechos.

El director general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha Malo, indicó que el objetivo del Frente es monitorear, informar e incidir en todos los aspectos relacionados con el derecho de los ciudadanos a la protesta civil pacífica, a la libertad de expresión, al derecho a la información y a la defensa de los derechos humanos interrelacionados con esas garantías.

De la agrupación de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Alberto Solís, resaltó la importancia de la normatividad, pues es fundamental para los derechos humanos.

Destacó la apertura y discusión que manifestó la senadora De la Peña, pues brinda oportunidad de abrir al espacio público la posibilidad de que la sociedad y diferentes organizaciones conozcan la importancia de los derechos fundamentales de las personas y opinar sobre ellos.