Señalan interpretación progresista del derecho a favor de indígenas

El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Alejandro Luna Ramos, señaló que en México se hace una interpretación progresista del derecho en favor de los indígenas para compensar los resultados de siglos de marginación.

El presidente del máximo tribunal electoral del país expuso lo anterior ante los asistentes al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas que se realizó en Nueva York.

Señaló la forma en que se han resuelto diferentes controversias para garantizar la protección de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas en lo político-electoral.

También detalló el alcance de diversas sentencias del Tribunal Electoral para proteger los derechos político-electorales de las comunidades indígenas, se informó en un comunicado.

Ello para hacer valer la vigencia del régimen electoral de usos y costumbres en convivencia con el sistema comicial común, situación que derivó en tesis jurisprudenciales que sirven de base para el desahogo de futuras controversias relacionadas con el tema.

Entre los criterios asumidos por el TEPJF en favor de comunidades indígenas, Luna Ramos destacó el reconocimiento al régimen del derecho consuetudinario indígena como parte integrante del régimen constitucional y legal, así como el establecimiento de la suplencia total de las deficiencias de las demandas.

Además el respeto al principio de identidad de las personas como parte de estas comunidades y el derecho de consulta para que puedan determinar en cualquier momento si las elecciones de sus autoridades se deben llevar a cabo por el sistema legal ordinario o bien mediante sus usos y costumbres.

Ante su auditorio el jurista mexicano explicó los casos emblemáticos donde se han aplicado estos criterios como los casos Tanetze, Cherán y Shuta Yoma, que puso a disposición de los interesados.

Durante su participación el magistrado José Alejandro Luna Ramos hizo notar que como jueces están conscientes de las deficiencias que en su educación tienen los pueblos indígenas, fruto de siglos de marginación.

De ahí la responsabilidad social que asumen por medio de un criterio jurisprudencial que permite suplir prácticamente por completo las deficiencias en las demandas promovidas por comunidades indígenas.

El marco legislativo electoral mexicano, agregó, no establece la obligación de incorporar en los estatutos de los partidos políticos una cuota para indígenas.

Sin embargo algunos lo han hecho con el fin de otorgar espacios en sus candidaturas a miembros de esas comunidades, y en esos casos, dijo, el TEPJF ha sido un activo vigilante de que dichas acciones afirmativas no queden sólo en buenas intenciones.

En su turno, el magistrado Constancio Carrasco Daza señaló que México tiene una democracia en construcción en la que aún siguen pendientes asignaturas esenciales.

"Hoy debe reconocerse que la participación política de las comunidades indígenas y de sus integrantes no ha logrado consolidar las expectativas de representatividad que deben satisfacerse en toda sociedad que aspire a la consolidación democrática", indicó.

Los partidos políticos que por definición constitucional son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática han sido el único cauce o vía de acceso a los cargos de elección popular durante el siglo XXI, puntualizo.