Aprueba congreso salvadoreño Ley Asocio Público-Privado

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó hoy la Ley de Asocio Público-Privado, en medio de protestas de sindicatos y organizaciones sociales que rechazaron la medida por considerarla "privatizadora" de los bienes nacionales.

La medida, promovida por el presidente Mauricio Funes, fue aprobada por unanimidad y, de acuerdo con los 84 diputados, se han fijado las reglas claras para garantizar y atraer las inversiones extrajeras.

La ley, no incluye los servicios públicos como agua, salud, educación, entre otros rubros.

El oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que se opuso al principio a la iniciativa terminó aprobando la propuesta original del Ejecutivo, con algunos ajustes a la misma.

El diputado del FMLN en la comisión de Hacienda, Damián Alegría, explicó que se hicieron ajustes a lo que fuera el anteproyecto Ley de Asocio Público-Privado, en el sentido de respetar la constitución porque como venía redactada, en algunos puntos era constitucional.

Según Alegría se marginaba al fiscal general de la República, quien es el responsable de firmar todos los contratos de obras nacionales.

Además, se garantizó que cada obra que vaya a realizarse tendrá que pasar por el Congreso, manifestó el legislador.

Indicó que a su partido le interesaba dejar fuera de esta ley las áreas de la educación, salud, que son temas de responsabilidad del Estado, ya que una "privatización sólo haría más difícil el acceso a la salud y educación" a las mayorías de este país.

Estudiantes de la autónoma Universidad de El Salvador (UES), fueron los primeros en marchar y protestar por la no aprobación de dicha ley, ya que Alianza Republicana Nacionalista (Arena), había propuesto que dicho centro se incluyera en la iniciativa, pero no prosperó.

Desde muy temprano los sindicalistas se mantenían en los alrededores y dentro del congreso e incluso cuando se debatía dicha ley, los manifestantes gritaron consignas que obligó a la autoridad legislativa a poner orden.

Los sindicalistas han acusado a Estados Unidos de exigir dicha Ley como condición para obtener un segundo compacto del Fondo del Milenio por casi 300 millones de dólares a El Salvador, pero lo ha negado.