Senadores buscan frenar uso de tierras ejidales para narcotráfico

Senadores priistas presentaron una reforma que prevé frenar el uso de tierras ejidales para la siembra de drogas y que delincuentes se oculten en la figura de ejidatarios o productores para llevar a cabo actividades ilícitas.

En la sesión ordinaria de este martes, los senadores Verónica Martínez Espinoza, Ernesto Gándara Camou y José Ascención Orihuela Bárcenas, presentaron la iniciativa que establece que se pierde la calidad de ejidatario cuando haya sido condenado por delito o delitos graves del fuero común o federal.

En tribuna, la senadora Martínez Espinoza dijo que también se pierde el estatus de ejidatario cuando las tierras o unidades ejidales hayan sido para la comisión del o los delitos sancionados, es decir la siembra de marihuana, amapola u otras drogas.

Además, cuando algún ejidatario haya destinado la parcela para ocultar o mezclar bienes producto del delito.

"Que con motivo de cualquier acto ilícito, haya sido enajenadas, o se haya realizado, permitido, tolerado o autorizado la venta total o parcial de su unidad de dotación o de superficies de uso común para dicho fin" delictivo, es decir la siembra de drogas.

La integrante de la Comisión de Justicia explicó que se pierden los derechos como ejidatarios a quien rente o realice arrendamiento o en cualquier otra forma ilegal de ocupación a miembros del propio ejido o a terceros, para fines delictivos.

Ello con excepción a lo previsto en el Artículo 45 la Ley Agraria, que señala que "las tierras ejidales podrán ser objeto de cualquier contrato de asociación o aprovechamiento celebrado por el núcleo de población ejidal, o por los ejidatarios titulares, según se trate de tierras de uso común o parceladas, respectivamente.

"Los contratos que impliquen el uso de tierras ejidales por terceros tendrán una duración acorde al proyecto productivo correspondiente, no mayor a 30 años, prorrogables", añade dicho artículo.

Martínez Espinoza expuso en los argumentos: "no podemos seguir invisibilizando que el flagelo del narcotráfico infiere gravemente en la materia agraria, como en la seguridad nacional" pues esas tierras están "siendo aprovechadas por la delincuencia organizada para fines ilícitos".

La legisladora por Jalisco añadió que resulta ilógico que si dentro del marco jurídico nacional, toda la legislación penal se ha actualizado, con el fin de acabar con el narcotráfico e inhibir ese tipo de conductas, ese aspecto esté rezagado en materia agraria. La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis.