Confirma tribunal vigencia de orden de aprehensión contra líder minero

El Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, que había concedido un amparo para efectos a Napoleón Gómez Urrutia, resolvió que la nueva orden de aprehensión dictada el 14 de marzo pasado contra el líder minero cumple de manera plena con los requisitos.

Agustín Acosta Azcón, apoderado legal de los trabajadores afectados por el fraude del que se acusa a Gómez Urrutia, agregó que en su resolución del 17 de mayo pasado el citado juzgado purga los defectos formales del amparo que había concedido y desecha la oposición de la defensa a la nueva orden de aprehensión.

"Hay orden de aprehensión vigente y ejecutable contra Napoleón Gómez Urrutia, la defensa del dirigente minero no ha logrado desestimar ni vencer la acusación por el desvío de los recursos del fondo minero", puntualizó el litigante en un comunicado de prensa.

Acosta Azcón es abogado de los demandantes aglutinados en la Cooperativa Veta de Plata que son trabajadores afectados por el desvío de 55 millones de dólares del fideicomiso minero F/9645-4.

Recordó que desde el pasado 14 de marzo el magistrado del Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en el Distrito Federal, obsequió una nueva orden de aprehensión contra Napoleón Gómez Urrutia, la tercera en nueve meses.

Dijo que el juzgador consideró que existen elementos que acreditan la presunta participación de Gómez Urrutia en el desvío de los 55 millones de dólares del Fideicomiso Minero F/9645, en perjuicio de los trabajadores mineros.

El litigante explicó que la orden judicial de captura significa que el dirigente sindical seguirá prófugo de la justicia mexicana, puesto que en caso de pretender ingresar a territorio nacional las autoridades policiales procederían a su detención.

Napoleón Gómez Urrutia permanece sustraído al brazo de la justicia y reside en Vancouver, Canadá, desde hace más de siete años.

El Magistrado del Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito ordenó girar oficio a la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República (PGR) para que proceda a la inmediata localización del dirigente minero, para ser puesto a disposición del juez federal que conoce de la acusación.

El delito de que se le acusa, previsto en el artículo 133 bis de la Ley de Instituciones de Crédito, es considerado grave y no permite la libertad provisional.

Agustín Acosta señaló que "se espera que la PGR solicite a la Interpol la expedición de una nueva ficha roja contra el sindicalista con fines de extradición. Este delito importaría también la suspensión de los derechos políticos".

Indicó que esa orden de aprehensión reitera la probable responsabilidad de Gómez Urrutia en la liquidación ilegal del fideicomiso minero que consta de 55 millones de dólares que se distribuirían entre los trabajadores sindicalizados pertenecientes a las secciones del gremio minero vinculadas a Grupo México.

Acosta Azcón recordó que el 15 de marzo pasado el Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito también obsequió una orden de aprehensión contra Héctor Félix Estrella, supuesto cómplice de Gómez Urrutia.

El litigante reiteró que siguen vigentes ambas órdenes de aprehensión que confirman la validez de la acusación federal en su contra.