Son complementarios Pacto por México, PND y reforma financiera

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) refleja muchos de los compromisos del Pacto por México, además de que una buena parte de sus líneas de acción para desarrollar sus estrategias están incorporadas en la reforma financiera, considera BBVA Research.

Sara G. Castellanos, economista principal en BBVA Research México, refirió que también en el PND se precisa el contenido de los dos compromisos relacionados con el financiamiento del sector privado y el fortalecimiento de la banca de desarrollo.

Además de recordar que por ley los planes de trabajo anual de los bancos de desarrollo se ligan a los objetivos y líneas de acción del PND, el cual fue presentado ayer por el titular del Poder Ejecutivo federal.

Castellanos también señaló que la iniciativa de Reforma Financiera que se presentó el pasado 8 de mayo es de amplio alcance e incorpora una buena parte de las líneas de acción para desarrollar las estrategias del PND, para promover el financiamiento a través de las instituciones financieras y del mercado de valores.

Asimismo para redefinir y desarrollar las capacidades de la banca de desarrollo para expandir su financiamiento al sector privado, señaló en un análisis.

Sin embargo, opinó, aún es necesario que ciertas líneas de acción se definan con mayor precisión a través del Programa Nacional del Financiamiento del Desarrollo (Pronafide) y de otros programas del Sistema Nacional de Planeación Democrática.

En especial, agregó, con relación a las líneas que busquen ampliar el financiamiento para ciertos segmentos sin desplazar al sector privado o promover su mayor participación.

A decir de la especialista, el PND destaca la importancia de acelerar el crecimiento económico para construir un México próspero, en el cual se promueva el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica y mediante la igualdad de oportunidades.

Lo anterior, señaló, considerando que una infraestructura adecuada y el acceso a insumos estratégicos fomentan la competencia y permiten mayores flujos de capital y conocimiento hacia individuos y empresas con el mayor potencial para aprovecharlo.

Para lograr un México Próspero se proponen 11 grandes objetivos: mantener la estabilidad macroeconómica del país; democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento; promover el empleo de calidad.

También, impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo; democratizar el acceso a servicios de telecomunicaciones.

Además, abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva; garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo; desarrollar los sectores estratégicos del país.

Asimismo, contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica; construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país y finalmente aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.

Además se centra en cinco estrategias para democratizar el acceso al financiamiento, las cuales son: promoverlo a través de instituciones financieras y del mercado de valores; ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor número de personas y empresas en México, en particular para los segmentos de la población actualmente excluidos.

Mantener la estabilidad que permita el desarrollo ordenado del sistema financiero, incluyendo los sectores de aseguramiento y ahorro para el retiro.

también ampliar el acceso al crédito y a otros servicios financieros, a través de la Banca de Desarrollo, a actores económicos en sectores estratégicos prioritarios con dificultades para disponer de los mismos.

Ello, con especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional, como la infraestructura, las pequeñas y medianas empresas, además de la innovación y la creación de patentes, completando mercados y fomentando la participación del sector privado sin desplazarlo.

Y por último promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía.