Piden a CIDH ampliar debate para modificar políticas antidrogas

Organizaciones civiles pidieron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intensificar el debate con los gobiernos de la región para lograr un cambio en el enfoque policiaco de las actuales políticas antidrogas.

Consideraron que ese cambio es necesario no sólo ante el probado fracaso de las políticas actuales, sino por el enorme costo social a partir del aumento de la violencia y el elevado saldo fatal que han arrojado en muchos países del continente americano.

Pidieron a la CIDH que reconozca que las políticas de drogas y su implementación constituyen una fuente de violaciones a los derechos humanos en la región, con un amplio espectro de afectación sobre diversos grupos de la sociedad y algunos derechos básicos.

"La 'Guerra Contra las Drogas' ha tenido un costo social enorme, resultando en el aumento de las tasas de encarcelamiento y sentencias desproporcionadas", dijo Coletta Youngers, de la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA), en la primera audiencia convocada por la CIDH para discutir ese fenómeno.

Frente a este hecho, el colectivo de 17 organizaciones pidió a la CIDH incorporar en su agenda de trabajo el impacto regional de estas políticas, y establecer un diálogo con otros órganos regionales y foros políticos con miras a la reunión hemisférica sobre políticas antidrogas que se realizará próximamente en Guatemala.

También consideraron que era conveniente que la comisión interamericana elabore informes de diagnóstico empírico sobre el impacto de las políticas antidrogas, del cual dijeron, lo que se conoce "es apenas la punta del iceberg".

José Guevara, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), expuso que su país ha sido uno de los que más ha padecido el impacto de la lucha antidrogas con un aumento de la violencia, entre otras manifestaciones.

Rodrigo Uprimny, del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia) de Colombia, consideró necesario que las políticas antidrogas incorporen un enfoque de salud pública y derechos humanos "para superar los dramas vividos en muchos de nuestros países".

Gastón Chillier, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, estimó la conveniencia de que los reportes a producir en el futuro por la CIDH al respecto, incluyan modelos alternativos como lo que se están desarrollando en algunos países de la región.

Chillier se refirió en particular a la política de despenalización del consumo de mariguana adoptada en Uruguay, respecto a lo cual el comisionado Paulo Vanuchi, de Brasil, citó evaluaciones que señalan que la misma "está en la dirección cierta".