Imposible garantizar justicia en su totalidad: ministro de Costa Rica

Los jueces son imperfectos y por ello es imposible garantizar ciento por ciento la calidad en la impartición de justicia, consideró Rolando Vega Robert, ministro de la Suprema Corte de Costa Rica y Presidente de la Comisión Iberoamericana de Calidad para la Justicia (CICAJ).

Sin embargo, afirmó en entrevista, hay un amplio margen de acción para mejorar a calidad de la justicia que se imparte en los países iberoamericanos y expulsar a los jueces negligentes o corruptos del sistema.

De visita en México donde sesionó la CICAJ para preparar propuestas e iniciativas que se abordarán en la XVII Cumbre Judicial Iberoamericana, del 2 al 4 de abril próximos, en Santiago de Chile, el jurista costarricense adelantó que en esa reunión se intentará fortalecer la independencia que requieren los jueces para cumplir con su función social.

En la reunión de Chile, a donde se prevé acudan representantes de los 23 países que forman parte de este mecanismo de colaboración, 20 de América Latina, más España, Portugal y Andorra, se espera poder identificar las buenas y las malas prácticas de los poderes judiciales de todos los países, explicó.

Vega Robert agregó que a partir de ello prevén poder hacer un análisis de la calidad de la justicia que se imparte en la región y preparar un programa de capacitación para todos los operadores de los sistemas judiciales.

Además, continuó, promover el "Premio Iberoamericano de Calidad de la Justicia", con el fin de dar a conocer y extender las prácticas más exitosas en esta materia.

Dijo que será necesario crear indicadores que permitan elaborar un diagnóstico sobre la calidad de la justicia que se imparte en la región sobre la base de estándares, que tampoco existen, para poder ubicar dónde se encuentran los poderes judiciales de la región, comparados entre sí y con los de otras partes del mundo.

A partir de datos empíricos, estadísticas, recomendaciones y estudios de organismos internacionales, el ministro Vega Robert señaló que se tienen identificados patologías y disfunciones importantes en muchos poderes judiciales.

Entre éstas mencionó "la lentitud del Poder Judicial para resolver las controversias que se someten a su jurisdicción; el maltrato a los justiciables y usuarios del sistema que llega a convertirse en una verdadera revictimización".

Además, "indefinición de los modelos de gestión y falta de planeación que se traduce en derroche de los escasos recursos con que se cuenta e ineficacia, ineficiencia e inefectividad".

Vega Robert expuso que la falta de independencia y la corrupción de los operadores del sistema jurídico son también patologías graves que cada país debe analizar a la luz de la transparencia y la rendición de cuentas.

En este punto, refirió, se busca generar una corresponsabilidad de los ciudadanos para que éstos fiscalicen el funcionamiento de la justicia.

Con el fin de asegurar la independencia de los jueces, de los trabajos de la CICAJ surgió el "Protocolo Iberoamericano para garantizar la seguridad de las y los juzgadores como base de su independencia", donde se analizan los tres elementos que la integran: independencia política, independencia económica e independencia funcional.

La intendencia judicial es un derecho de los ciudadanos y la garantía del correcto funcionamiento del Estado Constitucional y Democrático de Derecho para asegurar una justicia accesible, eficiente y previsible, expuso el ministro.

Subrayó que más allá de la independencia política y económica que generalmente ya se dan por descontadas, a través de la división de poderes, la inmovilidad y la prohibición de la disminución de las remuneraciones, por ejemplo, debe preverse también la independencia funcional.

Ésta es la que podría verse en riesgo cuando se ataca la integridad o la vida de los jueces o de sus familias, para lo cual se propone entre otras medidas, la asignación de vehículos blindados y escoltas.

Además, uso de la tecnología como videoconferencias para el desahogo de ciertas diligencias, reubicación geográfica, sanciones contra acusaciones infundadas, compensaciones por riesgo y protección de su información personal.

El titular de la CICAJ mencionó también la importancia de que se respete el criterio jurisdiccional de los jueces, aunque reconoció que "en este caso surge el problema de que algunos son corruptos o negligentes y se amparan en la independencia judicial" para no rendir cuentas por sus resoluciones.

"Si un juez es negligente o corrupto no merece ser juez, debe salir del sistema, deben existir mecanismos para identificar y sacar a ese tipo de funcionarios de la judicatura. Hay que definir los alcances de la independencia, independencia del juez significa que debe resolver respondiendo únicamente a lo que dice la Constitución y las leyes".

"Fuera de eso nada tienen que ver con independencia judicial, si llega tarde a su trabajo, si es irresponsable, si acepta sobornos, si resuelve a partir de factores externos a su función, eso nada tiene que ver con independencia", subrayó.

"Para reducir el riesgo que generan jueces de este tipo, el sistema prevé los recursos procesales con el fin de que jueces superiores revisen a los inferiores, se involucra a más jueces, hay resoluciones colectivas", comentó.

El ministro comentó que "si a pesar de todo el sistema falla por razones externas al propio sistema, no hay remedio, y pues ya serán los responsables máximos de cada país, quienes deban encontrar medidas inteligentes para enfrentar esos extremos".

Agregó que es posible afirmar que hay avances en sentido positivo pues si se tomara una foto de lo que ocurría hace 40 o 20 años con lo que sucede hoy en día, se notan los cambios: ahora hay más participación ciudadana, transparencia y posibilidades de exigir rendición de cuentas y hay enfoques hacia la satisfacción de los justiciables.