Confirman las FARC de Colombia a tres nuevos negociadores

Las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) confirmaron hoy aquí la incorporación de tres nuevos integrantes a su delegación que sostiene el diálogo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

Los alzados en armas dijeron este viernes que "se superaron todos los obstáculos y se hizo realidad la presencia de los comandantes Fabián Ramírez, Jairo Martínez y Fidel Rondón en La Habana, como nuevos integrantes de la Delegación de Paz" insurgente.

En un comunicado argumentaron que la "experiencia y conocimientos" de los nuevos voceros rebeldes serán importante aporte para continuar "la construcción de acuerdos en el propósito de paz con justicia social".

Por otra parte, el grupo armado ilegal, con entre siete y ocho mil combatientes, confirmó el relevo y retorno a Colombia de Laura Villa, Marcela González y Bernardo Salcedo.

Las FARC aseguraron que el arribo a esta capital de los nuevos miembros de su delegación de paz, "desmiente, de manera contundente, tanta desinformación, especulación y calumnias".

La aseveración fue un desmentido a alegaciones de que el Frente Sur de las guerrillas, al cual pertenece el nuevo negociador, era opuesto a las pláticas con el gobierno de Santos.

Y también de hecho a imputaciones de que Ramírez (José Benito Cabrera), jefe del Bloque Sur, es uno de los mayores narcotraficantes del grupo, con una treintena de órdenes de captura.

Las FARC, que negocian la paz con el gobierno desde hace más de 15 meses en esta capital, reiteraron además "su voluntad y compromiso para encontrar una solución política civilizada al grave conflicto armado que vive Colombia" desde hace más de medio siglo.

Ambos bandos discuten ahora el tema de las drogas ilícitas, uno de los seis que integran la agenda, en el que con anterioridad delinearon acuerdos sobre los temas agrario (26 de mayo de 2013) y de participación política (6 de noviembre).

Las FARC y el gobierno negocian desde noviembre de 2012 una salida política a cinco décadas de un conflicto armado que ha dejado más de 220 mil muertos y más de seis millones de víctimas por parte de los actores armados.

Al parecer, en medio de sus inocultables discrepancias, sí están de acuerdo en que la solución al tema de los cultivos ilícitos debe enmarcarse en una reforma rural integral, en la necesidad de fortalecer "la presencia institucional del Estado en los territorios afectados".

También en que haya una amplia participación de las comunidades de esos territorios en las acciones conjuntas para solucionar el problema, que se ha basado hasta ahora en la destrucción de aérea o manual de los cultivos ilícitos.