Senadoras plantean dar equilibrio a leyes civiles y militares

La reforma al Código de Justicia Militar tiene como base el respeto a los derechos humanos, por lo que es necesario buscar el equilibrio entre las leyes castrense y civil, y es preciso que se incluyan figuras como la desaparición forzada de elementos de ese orden, afirmaron senadoras del PRI.

Durante la primera audiencia pública en materia de justicia militar con representantes de las secretarías de Marina-Armada de México (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena), las legisladoras María Verónica Martínez, Arely Gómez y Marcela Guerra, expresaron la necesidad de modernizar el marco jurídico castrense, sin relajar la disciplina.

Martínez Espinoza expuso la necesidad de que existan cursos de capacitación al interior de las fuerzas armadas sobre los juicios orales y cómo preservar el lugar de los hechos en la comisión de un presunto delito, como en el caso de que se presente desaparición forzada en la milicia.

Al respecto, expuso que en las leyes del orden civil ya existe la figura de desaparición forzada, pero tiene que tipificarse e incluirse en el Código de Justicia Militar para cuando la víctima sea un elemento castrense y este hecho ocurra al interior de las fuerzas armadas.

A su vez, Gómez González destacó que la disciplina militar es la columna vertebral de esas instituciones, por lo que calificó de importante el diálogo sostenido con los encargados de las áreas jurídicas y de justicia de ambas dependencias.

Manifestó que la participación de los militares y marinos es fundamental para avanzar en esta reforma, y esta primera audiencia con los integrantes de las comisiones unidas de Justicia, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos Primera y Segunda, es un ejercicio inédito.

Guerra Castillo consideró necesario dar certeza jurídica al citado Código, mediante la especificación de las legislaciones de Seguridad Interna y de Defensa Nacional, al tiempo de reconocer también los derechos humanos de los militares.

En su exposición, los mandos militares y navales admitieron que el Código debe ser actualizado para que el gobierno cumpla con los acuerdos internacionales, y aclararon que no hay reticencias para adecuar su marco jurídico.

En ese sentido, pidieron certeza jurídica para el desempeño eficaz de sus misiones y aseveraron que el fuero militar no es un privilegio, pues en la actualidad la ley permite que los castrenses sean juzgados por las autoridades civiles en caso de estar involucrados en un presunto delito de los fueros común o federal.