Suprema Corte declara inconstitucional el arraigo en Hidalgo

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el Artículo 132 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Hidalgo, que permite el arraigo de personas a quienes se les impute un delito grave.

En medio de un debate intenso, la Corte determinó invalidar esa figura precautoria, como sucedió el martes pasado en el caso del Artículo 291 del Código Penal de Aguascalientes, y en el que concluyó que las entidades no son competentes para legislar en la materia.

La discusión provocó la molestia de algunos ministros que se quejaron de participaciones que, consideraron, sólo confunden a la opinión pública y contienen puntos ajenos a lo que está a discusión o votación.

El ministro José Ramón Cossío Díaz, ponente del amparo 546/2012 relacionado con un caso que involucra corrupción de menores, prostitución infantil, violación y pederastia, propuso amparar al quejoso acusado de esos delitos para ser congruente con la resolución del pleno.

Como se trataba de precisar los efectos generales, el ministro ponente señaló que, entonces, corresponderá al juez de la causa penal determinar qué pruebas carecen de valor probatorio por encontrarse directa e inmediatamente vinculadas con el arraigo, dado que dicho valor no se pierde en automático.

A pesar de lo antes señalado, los ministros Jorge Pardo Rebolledo, y sobre todo, Margarita Luna Ramos, expusieron de manera extensa y apasionada una serie de consideraciones para manifestar su desacuerdo, pero lo hicieron a partir de un supuesto que nadie había invocado.

Ambos ministros argumentaron como si se estuviera proponiendo anular, cancelar, desestimar o invalidar todas las pruebas obtenidas durante el arraigo, lo que en su opinión, resulta inconcebible o inadmisible.

Para mayor efecto, subrayaron que ante ninguna persona que se asomara al expediente se podría justificar que una multitud de pruebas que demuestran la comisión de delitos deleznables tuvieran que ser invalidadas sólo porque el indiciado estuvo arraigado.

La respuesta provino del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien aclaró que nadie propuso ni ha propuesto que las pruebas obtenidas durante al arraigo sean nulas o ilícitas, pues lo que se votó de manera muy precisa es que "son ilícitas aquellas pruebas que tienen relación directa e inmediata con el arraigo".

Abundó que en el caso concreto todas las probanzas referidas por la ministra Luna Ramos serían válidas "y por supuesto en ninguna hipótesis se llegaría a los extremos dramáticos que se han expresado".

En su turno, el ministro ponente volvió a reiterar lo aprobado por la mayoría y lamentó las participaciones "un poco efectistas" que de cara a la opinión pública discuten cosas para que no se entiendan, que no se discuten y no se votan.

En la sesión de este jueves no todos los ministros alcanzaron a exponer sus posicionamientos, por lo que el asunto se retomará en las próximas sesiones.