Será válida denuncia anónima contra actos indebidos de funcionarios

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, las cuales validan la figura de la denuncia anónima contra actos de incumplimiento y corrupción de funcionarios.

El dictamen, avalado en lo general por 345 votos a favor, 37 en contra y 14 abstenciones, pretende proteger a denunciantes y a personas que aporten información relacionada con posible incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos.

En la discusión en lo particular se agregó un párrafo al Artículo 10 de esa ley, propuesto por la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Movimiento Ciudadano; posteriormente se aprobó con 328 votos a favor, 18 en contra y 27 abstenciones, por lo que se regresará al Senado para su validación.

Para ello, se establecen los requisitos mínimos que deberán contener las denuncias o quejas que se presenten ante las unidades correspondientes.

El documento precisa como obligación de los servidores públicos abstenerse de inhibir a los posibles quejosos o denunciantes, quienes podrán presentar sus señalamientos de forma anónima, con datos o indicios.

El incumplimiento de dicha obligación será considerado por las autoridades competentes, es decir la Secretaría de la Función Pública, como grave, destaca.

Entre otros puntos, el dictamen advierte que las infracciones graves serán sancionadas de 10 a 20 años de inhabilitación, así como la destitución.

A nombre de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles destacó que este dictamen reforzará el marco jurídico en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y el combate a la corrupción.

La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) sostuvo que la corrupción, fenómeno que ha padecido México durante muchos años, "es una práctica que humilla a los mexicanos al forzarlos a pagar sobornos a funcionarios para que hagan el trabajo que les corresponde".

Por ello, subrayó que como legisladores tienen la responsabilidad de crear las leyes que coadyuven a construir un gobierno honesto y democrático, que se someta en todo momento al escrutinio y evaluación de la sociedad.

En tanto, a nombre del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la diputada Leticia Calderón Ramírez refirió que según datos del Índice de Percepción de la Corrupción 2013, México es considerada como una de las naciones más corruptas.

Al advertir los costos que genera ese fenómeno, recalcó que un país corrupto produce distorsiones de mercado, riesgos financieros e incertidumbre, que se traducen en un descenso de la inversión y actividad empresarial, así como en el desarrollo y el crecimiento económico.

Por tal motivo, recalcó, es importante el fortalecimiento del marco jurídico, en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, con lo cual se fomentará en la sociedad mexicana una cultura de la legalidad y la denuncia.

Por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Manuel Bautista López, enfatizó que la lucha contra la corrupción implica instaurar un método eficaz de rendición de cuentas que posibilite la evaluación de las funciones que tienen los servidores públicos.

Para lograr lo anterior, dijo, es necesario fortalecer el régimen de responsabilidades de los servidores públicos, mediante ordenamientos que sancionen a quienes se les compruebe alguna práctica corrupta, genere incentivos para la denuncia y disuada nuevos actos de corrupción.

El legislador consideró que aunque la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas son herramientas que obstaculizan los actos de corrupción, el verdadero combate a la corrupción apenas empieza.