Legisladora aplaude reformas a códigos civiles para proteger a menores

La diputada federal Karina Labastida Sotelo calificó como "un gran paso" las modificaciones a códigos civiles federales, para hacer obligatoria la aplicación de pruebas periciales a los padres a fin de determinar quién de ellos debe tener la custodia.

La secretaria de la Comisión de Justicia de San Lázaro consideró que las reformas a los artículos 416 del Código Civil Federal y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles, representan un avance a favor de los hijos de matrimonios en proceso de divorcio.

Explicó que esas pruebas periciales serían tanto en materia de trabajo social como de psicología familiar, "para garantizar el menor daño posible a los hijos, "que de por sí ya son las principales víctimas en todo divorcio".

"Que realmente queden a cargo del padre o de la madre que vele por su bienestar y que no lo utilice a los hijos para desgastar, chantajear o presionar al otro cónyuge", manifestó en entrevista.

Dijo que desafortunadamente en México el número de divorcios va en aumento, pues según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sólo en 2011 se registraron 91 mil 285 separaciones matrimoniales, cifra que representó un incremento de 74.3 por ciento con respecto a 1993.

"Es decir que 16 de cada 100 matrimonios terminan en divorcio" y de acuerdo con el propio Inegi siete de cada 10 parejas que se separan tienen hijos menores de edad, "por lo tanto estamos hablando de que cada año alrededor de 180 mil menores de edad están en riesgo de convertirse en víctimas de alienación parental".

Explicó que lo anterior se refiere a la manipulación psicológica que alguno de los cónyuges ejerce sobre los hijos para crear en ellos una imagen distorsionada con respecto al otro progenitor y a partir de ahí, buscar tener ventaja sobre la pareja cuando el juez determine quién de los padres debe tener la guarda y custodia de los hijos.

Por ello, confió en que el Senado avale dichas modificaciones aprobadas por los diputados a fin de fortalecer el derecho de los menores de edad a una sana convivencia con sus progenitores y familiares, independientemente de que habiten en domicilio distinto.