Nada impide cumplir los Acuerdos de San Andrés: Martínez Veloz

Al amparo de los nuevos marcos nacionales e internacionales en materia de derechos indígenas, en la actualidad no existe argumento válido que impida el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, señaló el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz.

Por ello, y en el contexto de la exigencia nacional de construir un nuevo marco de relación entre el Estado y esas comunidades, es importante buscar los consensos para concretar en la Constitución los derechos indígenas, señaló.

De ahí que sea necesario encontrar la fórmula que permita construir un México en el que el fomento al desarrollo y al progreso no esté reñido con el respeto a las garantías fundamentales de los pueblos y las comunidades autóctonas y rurales del país, abundó en el inicio del "Foro sobre derechos indígenas y armonización legislativa".

Ante autoridades del Gobierno del Distrito Federal, legisladores y representantes indígenas, dijo que en el Plan Nacional de Desarrollo se ha planteado el compromiso de impulsar un Acuerdo Nacional para el Bienestar, el Respeto y el Progreso de los Pueblos Indígenas.

Ese compromiso debe contener iniciativas de ley modificatorias de carácter constitucional, revisión de leyes reglamentarias y elaboración de una ley general de consulta indígena.

También la adecuación de instituciones a la nueva constitucionalidad y la elaboración de políticas públicas que permitan a los pueblos sean sujetos y no objetos de ellas, detalló durante el acto celebrado en el Museo de la Ciudad de México, en el marco del 18 aniversario de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.

La Secretaría de Gobernación (Segob) ha establecido además en el Programa Sectorial 2013-2018, publicado el 12 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación, el compromiso de impulsar la armonización de la Legislación Nacional con la Declaración de la Organización de los Derechos Humanos en la materia.

Resaltó que se tiene el firme propósito de que este foro, organizado con el Centro de Estudios de Opinión Publica de la Cámara de Diputados y por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México de la Segob, contribuya a acelerar el proceso de armonización legislativa.

"Ya es hora de dar cumplimiento real a los acuerdos de San Andrés Larráinzar", coincidieron en su oportunidad el secretario de Cultura del Distrito Federal, Eduardo Vázquez Martín, y el subsecretario de Gobierno de la administración capitalina, Juan José García Ochoa.

En el mismo sentido se expresaron el secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, Carlos de Jesús Alejandro, y el presidente del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública en San Lázaro, Sebastián de la Rosa Peláez.

Al inaugurar este foro, el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado, Eviel Pérez Magaña, destacó que los derechos colectivos de los pueblos autóctonos deben ser reconocidos y garantizados.

Refirió que hace 18 años, la decisión y el esfuerzo de muchos de los asistentes a este foro dio pauta para la transformación de México, en cuanto al reconocimiento de derechos indígenas.

Durante estos años la lucha contra la discriminación, la pobreza y la dominación ha continuado dentro y fuera del gobierno, los foros, la academia y las comunidades.

Pérez Magaña se comprometió a llevar a la Comisión de Asuntos Indígenas que preside y luego al pleno de la Cámara de Senadores el documento final que resulte de este encuentro.

Eduardo Vázquez Martín, en su oportunidad, expuso a los representantes de los pueblos indígenas presentes que en la ciudad de México se quiere trabajar para ellos.

Queremos trabajar en la visibilización de sus culturas, en el acompañamiento de sus instituciones y comunidades, así como en el proceso de elaboración de la ley de derechos y cultura de los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas del Distrito Federal, dijo.

La lucha indígena levanta la voz y desde 1994 no ha dejado de hacerse oír con énfasis y claridad, por lo que es necesaria una nueva relación entre las comunidades y las instituciones del Estado, concluyó el funcionario del Gobierno del Distrito Federal.