Diputados, a favor de inhabilitar a funcionarios por daño al erario

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad modificaciones a diversos ordenamientos para que las sanciones resarcitorias fincadas a servidores públicos que dañen al erario no excluyan otras de carácter administrativo, penal o político.

El documento, avalado por 441 votos y turnado al Senado para su análisis y votación, pretende evitar que los funcionarios sancionados mediante el procedimiento resarcitorio sean contratados, presten servicio o encargo a la Federación, en tanto no hayan solventado totalmente el monto a reparar.

Al fundamentar el dictamen, la diputada priista Areli Madrid Tovilla destacó que la responsabilidad resarcitoria debe ser exigible a los servidores públicos o particulares, que por actos u omisiones causen daño o perjuicio a la hacienda pública federal.

Aplica también en caso de que el daño sea al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales, todos ellos estimables en dinero, añadió la presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Precisó que por ello se reforman el Artículo 54 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, para que este sujeto no pueda ser contratado ni prestar servicios a la federación, "como muchas veces se hace, pues a pesar del error que comenten, se les premia".

También, el Artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para que establecer la obligación de que los servidores públicos se abstengan de contratar a los sujetos que tengan una resolución contraria.

En este se exige que se inhabilite a quienes no hayan cubierto el pago resarcitorio a la Tesorería de la Federación.

La reforma al Artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, continuó, facultará a la Secretaría de la Función Pública para inhabilitar temporalmente, en los procesos de contratación, a quienes eludan el pago de las sanciones resarcitorias impuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En la Ley de Obras Públicas y Servicios se adiciona el Artículo 78 para que la Secretaría de la Función Pública inhabilite a quienes omitan el pago de sanciones resarcitorias impuestas, y una vez que lo realicen en su totalidad se levante la restricción.

En el cuerpo del dictamen se explica que la responsabilidad resarcitoria puede entenderse como "la obligación a cargo de los servidores públicos y los particulares de reparar a la hacienda pública los daños y perjuicios ocasionados, cuantificables monetariamente, como consecuencia de una conducta u omisión que incumpla los ordenamientos jurídicos vigentes".

No obstante, indica que por la manera en que está planteado en la legislación actual, el procedimiento resarcitorio se entiende como si constituyera en sí mismo una sanción, sin que se exijan las demás responsabilidades.

La iniciativa fue propuesta en octubre pasado por la diputada priista Lourdes Eulalia Quiñones Canales, y dictaminada por la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.