Defensores de derechos humanos piden desaparecer figura del arraigo

Organizaciones defensoras de derechos humanos solicitaron a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminar la figura jurídica del arraigo, en atención a los estándares internacionales y las nueve recomendaciones que ha recibido México en la materia.

El capítulo México de Amnistía Internacional dio a conocer el documento enviado por más de 20 grupos y activistas, en el que recuerdan que antes de que el arraigo fuera elevado a rango constitucional, ya era considerada una forma de detención arbitraria debido a la insuficiencia de recursos judiciales.

En 2008 esa figura fue elevada a rango constitucional, lo que ha provocado recomendaciones de diversos organismos internacionales para que la detención mediante arraigo sea eliminada del ordenamiento jurídico nacional y de su práctica a niveles federal y estatal.

Entre ellos están el Comité de Derechos Humanos, el Subcomité para la Prevención de la Tortura, el Comité contra la Tortura, la Relatora Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, que forman parte del Sistema de las Naciones Unidas, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Todos han manifestado su preocupación sobre esa herramienta, que permite que una persona pueda ser detenida sin cargos durante un máximo de 80 días y sin las garantías jurídicas prescritas por los tratados internacionales.

"La SCJN debe hacer valer el reciente reconocimiento que recibió por parte las Naciones Unidas por su labor en la protección de los derechos humanos en el país y eliminar la posibilidad de que esta figura se aplique en el país", reclaman también Sin Fronteras, la Casa del Migrante de Saltillo y los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña, Tlachinolla.

En específico insisten en su llamado a la Suprema Corte a resolver la inconstitucionalidad de la aplicación del arraigo a nivel local y la inconvencionalidad de la aplicación en el ámbito federal, finaliza el texto.

El documento es firmado por grupos como Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, Serapaz y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, además de individuos como Geraldina González de la Vega, Jorge Israel Hernández y MariClaire Acosta.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó a debatir si los congresos locales poseen facultades para legislar en materia de arraigo.

En la primera sesión, celebrada el 20 de febrero, avanzó la postura para definirla como una figura para combatir el crimen organizado y que, al ser un delito federal, sólo la federación puede legislar sobre el tema. La discusión continuará en las siguientes sesiones del pleno hasta resolver los seis asuntos enlistados relacionados con este asunto.