Sector patronal ve avances y riesgos en iniciativa de Competencia

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reconoció los avances con la presentación de la iniciativa de Ley Federal de Competencia Económica, pero prevé riesgos como la restricción de mecanismos de defensa de las empresas y eliminación de la posibilidad de solicitar audiencia.

En un comunicado, el organismo expone que tras una primera revisión a la iniciativa, la cual presentó el Ejecutivo Federal ante el Congreso este miércoles, detectaron que ésta no prevé un acuerdo equilibrado procesal.

Ante ello, considera necesario que la iniciativa no deje vacíos legales en la definición de conceptos clave, tales como insumo esencial, barreras a la libre competencia o estrechamiento de márgenes.

La Coparmex señala que para no debilitar a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), se requiere que la iniciativa de Ley no elimine el carácter obligatorio de sus opiniones.

"Y que la Secretaría de Economía requiera forzosamente su opinión previa para el establecimiento de precios máximos, tal como hoy se prevé en la ley vigente. Además, creemos que la Cofece no debe darles tratamiento de preferente a las solicitudes de investigación que solicite el Poder Ejecutivo", argumenta.

Asimismo, considera que se deben limitar las disposiciones que facultan a la Comisión para ampliar y determinar bajo nuevos supuestos, conceptos como poder sustancial en el mercado y los criterios para la evaluación de las concentraciones.

En ese sentido, explica que la iniciativa fortalece a la Cofece frente a las empresas, pero se debilita frente al Ejecutivo, con lo que se afectaría la autonomía que pretendió darle la Constitución.

El presidente del organismo patronal, Juan Pablo Castañón Castañón, dijo que como sociedad se debe dar seguimiento a los trabajos legislativos, para que se consideren las excepciones que justifican la intervención del Estado en la economía, pues de lo contrario se afectará la libre competencia.

De tal forma, confía en que el Congreso de la Unión pueda determinar una ley que no ponga en riesgo las libertades económicas en el país, y que limite los espacios de discrecionalidad e intervención del Estado para "evitar que prevalezcan intereses que pretendan ejercer un control político o particular en los procesos ante la Cofece".