Yucatán reforma ley para que escribanos sigan en funciones hasta 2016

El pleno de la LX Legislatura local aprobó hoy reformas a la Ley del Notariado que permiten a los escribanos públicos de poblaciones mayores a 30 mil habitantes continuar con el ejercicio de sus funciones hasta 2016.

En sesión del Congreso estatal, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Dafne López Martínez, dijo que las reformas también permiten a los escribanos gozar de la fe pública al igual que los notarios "cuando se trata de dar autenticidad a cualquier acto o contrato".

De acuerdo con la Ley del Notariado, la figura de los escribanos debería desaparecer este año en aquellas poblaciones con más de 30 mil habitantes y dar paso sólo al notario público, conservándose la figura sólo para poblaciones de menos de 30 mil personas.

López Martínez expuso que las modificaciones a la ley propuestas por el Poder Ejecutivo permiten "salvaguardar la garantía de la igualdad, garantizando a la vez la seguridad jurídica de los escribanos, tanto de Mérida como del interior del estado, hasta el 31 de diciembre de 2016".

Por su parte, el legislador panista Mauricio Vila Dosal, refirió que la principal función de los escribanos se orienta a "otorgar legalidad a cualquiera de los actos jurídicos cuyo interés no exceda el importe de mil 200 salarios mínimos vigentes en el estado".

Esto, dijo, "reviste trascendental importancia porque diversas comunidades serán beneficiadas al recibir costos más accesibles a través de la figura del escribano y tendrán la certeza jurídica de que sus actos están apegados a derecho".

Al respecto, el escribano Alejando Cortés Grijalva indicó que esos acuerdos favorecen a más de 80 escribanos yucatecos cuyo costos por servicios van de 300 a 350 pesos por trámite en el interior del estado, en tanto en esta capital son de 500 pesos.

Cortés Grijalva justificó la existencia de los escribanos y expuso que "el mejor espejo social es la situación económica".

"Día con día a los escribanos públicos se les busca no sólo para dar fe y legalidad de actos jurídicos como contratos, sino una orientación jurídica de lo que podría pasar ahora o después con el patrimonio".

Por ello, "somos muy solicitados, somos figuras jurídicas de primera instancia y si en ese momento la población no llegara a tener el recurso que se amerita porque hay que pagar ciertos derechos al estado, por lo menos le damos tranquilidad porque hay una certeza jurídica de su patrimonio".