TEPJF emplaza al PAN a informar sobre diversos gastos

La Sala Superior del TEPJF ordenó al CEN del Partido Acción Nacional (PAN) responder a la solicitud de información relacionada con los gastos de la campaña de credencialización y celebración de reuniones o eventos que hayan realizado sus miembros activos.

En sesión pública, el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) también emplazó al partido blanquiazul a proporcionar la documentación atinente a su militante Bernardo Óscar Basilio Sánchez, en un plazo de tres días, a partir del día siguiente en que se le notifique la ejecutoria.

El proyecto elaborado por la ponencia del magistrado presidente del máximo tribunal electoral del país, José Alejandro Luna Ramos, estableció que el comité ha sido omiso en dar respuesta en términos del Artículo 8 de la Constitución.

El PAN informó a la Sala Superior que el 30 de diciembre de 2013 notificó la información solicitada mediante publicación en estrados, debido a que el peticionario no señaló domicilio en el lugar donde se encuentra la sede de dicho órgano partidista.

"La ponencia considera que dicha notificación resulta insuficiente para tener por acreditado que atendió la petición del actor, ya que la notificación realizada en los estrados del citado Comité, en forma alguna garantiza que el peticionario estuviera en posibilidad de tener conocimiento de la respuesta emitida por dicho órgano partidista", concluyeron los magistrados.

En otro asunto, el TEPJF confirmó la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) que declaró infundado el procedimiento especial sancionador contra el gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, y otros funcionarios.

Ello, luego de la presunta adquisición y contratación ilegal de tiempos en el Canal 6 de televisión para la difusión de propaganda electoral fuera de la pauta establecida por ese organismo.

En el proyecto de sentencia que fue aprobado por unanimidad, se concluyó que las notas difundidas por el canal de televisión se realizaron en el marco del ejercicio de la libertad de expresión.

Además de que la norma no obliga a los permisionarios a dar cuentas sobre sus coberturas, por lo que no existen evidencias que confirmen que se violó la ley.

Al respecto, la magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, quien se pronunció a favor del proyecto, manifestó que desde su perspectiva los canales de televisión y radiodifusoras permisionados a los gobiernos deben conducirse en forma equitativa.

Recordó que los medios de comunicación son depositarios de atribuciones y recursos públicos que deben aplicar con neutralidad política, en términos del Artículo 134 de la Constitución.

Por otra parte, la Sala Superior confirmó la asignación de 15 diputaciones de representación proporcional en el estado de Puebla que realizó la Sala Regional Distrito Federal, por lo que podrá instalarse, sin cambios, la LIX Legislatura.

Por unanimidad, el pleno aprobó el proyecto de sentencia elaborado por la ponencia del magistrado Constancio Carrasco Daza, en el cual se estableció que la Sala Regional aplicó correctamente la fórmula prevista en los artículos 320 y 321 del Código Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Puebla.

De tal suerte, se declaró infundado el motivo de inconformidad presentado por la coalición Puebla Unida, que pretendía que la asignación de los diputados por el principio de representación proporcional se realizara por partido político y no por coalición.

También se consideraron improcedentes los recursos que presentaron el candidato a diputado, Carlos Froilán Navarro, y la representante del partido político Pacto Social de Integración.

En la sesión pública, el TEPJF confirmó finalmente un acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila.

Mediante la aprobación del acuerdo se otorgó el registro condicionado como partido político estatal al grupo ciudadano denominado Partido Campesino Popular, el cual deberá subsanar las inconsistencias detectadas en sus documentos básicos.

Durante la sesión pública se analizaron y resolvieron ocho juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, dos juicios de revisión constitucional electoral, dos recursos de apelación y cuatro recursos de reconsideración.