Hacienda debe informar efecto en finanzas públicas por beneficios a IP

La Tercera Comisión de la Permanente aprobó solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informe el efecto que tuvo en las finanzas públicas el decreto del 26 de diciembre de 2013 por el que se otorgaron beneficios y facilidades fiscales al sector privado.

No obstante, los integrantes de esa instancia legislativa desecharon la necesidad de llamar a comparecer al titular de las finanzas públicas del país, Luis Videgaray Caso.

Asimismo, aprobaron exhortar al Ejecutivo federal a que detalle las modificaciones que como consecuencia de dicho decreto tendrán las metas de déficit aprobado, la composición de los ingresos públicos o, en su caso, los ajustes al presupuesto aprobado como gasto de inversión, así como en los programas de las dependencias.

El punto de acuerdo aprobado explica que dicho decreto presidencial no presenta ninguna cuantificación del impacto que significa ceder en el cobro de recursos que forman parte de la hacienda pública, además que las modificaciones significan menos ingresos para el país.

También la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Permanente acordó exhortar a la SHCP a que haga pública la información referente al préstamo otorgado por el Banco Mundial en materia educativa.

En el documento aprobado por diputados y senadores se señala que el 17 de diciembre pasado el Banco Mundial (BM) aprobó un préstamo para México por 301 millones de dólares, a fin de mejorar la eficiencia y calidad de la educación superior en el país.

Indicaron que este es el tercer préstamo del organismo financiero al país con el mismo fin: En 2012 por 300.7 millones de dólares y en 2013 por 700 millones de dólares.

Respecto de este último, el BM mencionó que su objetivo era "apoyar los esfuerzos del gobierno por mejorar el sistema de educación media superior y aumentar los incentivos para que los estudiantes preuniversitarios se gradúen".

Por ello, subrayaron, la preocupación por conocer la manera en que se destinarán los recursos otorgados por el Banco Mundial, así como sus alcances a corto, largo y mediano plazos.

Durante la reunión de trabajo, los integrantes de la tercera comisión determinaron exhortar al Ejecutivo federal emprender medidas y acciones para mitigar el efecto económico y social del incremento del IVA en la región y franja fronterizas.

Esto, indicaron, debido a que ya se comienzan a ver los primeros efectos en detrimento de los consumidores, entre los que se pueden observar el reetiquetado de productos, abusos de parte de comerciantes, acaparamiento de productos de primera necesidad y una baja en las ventas de los establecimientos formales.

Los legisladores además aprobaron un punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Alfredo Castillo Cervantes, a implementar medidas preventivas y sancionar la venta de series navideñas de procedencia ilícita que carecen de control de calidad.

Advirtieron que dichas luces presentan fallas en el cableado que causan el incendio de árboles navideños en 70 por ciento de los hogares, provocando la muerte de niños y adultos, así como graves daños materiales.

Urgieron a la Profeco a prevenir, desde ahora, accidentes en los hogares, pues en la época navideña se comercializan en el país más de 15 millones de series "pirata", con valor superior a los 400 millones de pesos.

Asimismo, dicho grupo de trabajo consensó un exhorto a la Secretaría de Salud (SSA) para que realice una campaña informativa para prevenir y atender la enfermedad parasitaria de Chagas, transmitida por la chinche del mismo nombre.

En el dictamen advirtieron que la población desconoce este mal, así como sus síntomas, tales como problemas del corazón o la modificación del tamaño de cualquier órgano hueco, "por lo que cuando la gente descubre que lo tiene, ya han pasado al menos unos 15 a 20 años de su contagio".

En México, detallaron, al menos un millón de personas padece esa enfermedad y según datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cada año se infectan más de 200 mil mexicanos, de los cuales la gran mayoría son adultos de entre 25 y 44 años.

Los estados con mayor incidencia, de 1990 a 2011, fueron Yucatán, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Tamaulipas, Michoacán, Morelos, Jalisco y Sinaloa. Tan sólo en 2006 se reportaron 37 decesos a causa de la enfermedad, destacaron los legisladores.