Acusan al gobierno venezolano de "amedrentar" con legislación penal

El gobierno de Venezuela utiliza la justicia penal como instrumento de extrema eficacia para amedrentar, amenazar y neutralizar a los adversarios políticos, denunció hoy el abogado penalista Bayardo Ramírez Monagas.

"Ello es posible porque en este país sudamericano todos los poderes públicos se encuentran secuestrados y al servicio del Ejecutivo Nacional", dijo a Notimex el ex presidente de la Comisión Nacional Contra el Uso Indebido de las Drogas (Conacuid).

Ramírez Monagas dijo que el Ministerio Público comenzó a popularizar el delito de instigación a delinquir, para sancionar a quienes disienten del gobierno, y que durante el corto mandato de Nicolás Maduro 197 personas han sido detenidas por razones políticas.

El analista señaló al respecto que el caso más emblemático es el del retirado general de Ejército, Antonio Rivero, detenido por aparecer en un video dando supuestas instrucciones a un grupo de jóvenes que protestaban en una plaza del este de Caracas.

Explicó que al también ex director nacional de Defensa Civil y actual dirigente del opositor partido Voluntad Popular (VP) le imputaron cargos de instigación al odio y asociación para delinquir.

La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo entró en vigencia el 2 de junio de 2012, luego de ser aprobada en la Asamblea Nacional (Congreso Unicameral) por la mayoría de diputados oficialistas.

"El propósito intimidatorio de la acusación por el delito de asociación para delinquir, contemplado en la ley, no es más que la utilización de la justicia penal como instrumento eficaz y neutralizador contra quienes disienten del régimen", destacó.

Ramírez Monagas expresó su preocupación porque ante la imposibilidad de encarcelar preventivamente a los procesados, como establece la Reforma del Código Orgánico Procesal Penal, se recurre a estos actos delictivos para conseguir la privación de libertad.

Dijo que "en el texto legal, se establece que quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada será penado por el solo hecho de la asociación con prisión de seis a 10 años, argumento que perversamente utiliza el gobierno para castigar a sus adversarios".

"Por esa razón hoy se encuentran presos activistas políticos, manifestantes o protagonistas de algunos episodios con trascendencia nacional, a quienes, sin prueba alguna, el gobierno acusa de ser miembros de grupos de delincuencia organizada", sentenció.