Tendrá nuevo gobierno costarricense difícil escenario en 2014

El gobierno de Costa Rica, a ser encabezado por quien gane la elección de febrero próximo, llegará a un escenario sociopolítico que presenta complejidades, con marcado descontento popular y la brecha social en tendencia a ampliarse.

Instalado el 8 de mayo de 2010 para el período que finaliza el 8 de mayo del año entrante, la administración de la presidenta Laura Chinchilla ha enfrentado desde el inicio una confluencia de problemas cuya solución ha sido, en el mejor de los casos, compleja.

Algunas de esas situaciones datan de décadas, fruto de deficiente administración por parte de sucesivos gobiernos, como el deterioro de la red vial nacional y el virtual colapso del sistema de seguro social, entre los más agudos.

Otras son recientes, en el que destacan el diferendo territorial con Nicaragua -estallado en 2010, poco más de cinco meses después de instalado el actual gobierno-, así como la oposición popular a proyectos de concesión de obra pública vial cuestionados por comunidades.

Asimismo, la oposición, principalmente sindical, a la construcción por una empresa holandesa de una terminal marítima de contenedores en el oriental puerto caribeño de Moín, unos 130 kilómetros al este de San José, una de las principales instalaciones portuarias del país.

En tal contexto Chinchilla, la primera mujer en el desempeño de la Presidencia costarricense, quien ganó la votación en febrero de 2010 con casi 47 por ciento y margen de victoria superior a 20 puntos respecto a su más cercano rival, vio su popularidad desplomarse.

Una de las más inmediatas encuestas de opinión, llevada a cabo en noviembre pasado, indicó que 61 por ciento de los participantes considera que la gestión de la mandataria es "mala/muy mala", frente a 11 por ciento que la evalúa como "buena/muy buena".

Entretanto, de acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec), al tiempo que la pobreza se ha virtualmente estancado porcentualmente, la desigualdad crece y tiende a consolidarse.

Si bien del año pasado a este año la pobreza y la pobreza extrema aumentaron respectivamente 0.1 puntos -un margen estadísticamente imperceptible-, la acumulación de ingresos por los hogares en el 20 por ciento más alto de la escala socioeconómica, ensancha la brecha.

Uno de los componentes en la diferencia entre primer quintil -el 20 por ciento que está en el fondo de la escala- y el quinto -en el privilegiado vértice de la pirámide socioeconómica- es el desempleo, que, en los quintiles de la base, llega a ser ocho veces superior.

En tal contexto, con algo más de 4.7 millones de habitantes, Costa Rica presenta niveles de pobreza y de pobreza extrema, en forma respectiva, de 20.7 y 6.4 por ciento, en cada caso, 0.1 puntos por encima de los registros correspondientes a 2012.

El desglose de datos indica que la pobreza es mayor en la zona rural (26.5 por ciento) que en la urbana (17.4), lo mismo que la pobreza extrema (respectivamente, 9.3 y 4.8 por ciento).

En materia de desempleo, la cifra, para este año, se ubicó en 8.5 por ciento, casi un punto por encima del 7.8 registrado para 2012.

También en este caso, la zona rural es más golpeada, con 9.0 por ciento, frente la zona urbana, 8.3 por ciento.

Según el Inec, la desigualdad se mantiene en aumento, ya que el ingreso per cápita del quinto quintil, el 20 por ciento de hogares con los mayores ingresos, es 18.4 veces más alto que el ingreso del primer quintil, el 20 por ciento de menos ingresos.

En ese cuadro de situación, el quinto grupo concentra 52 por ciento el total de ingresos a nivel nacional, frente al cuatro por ciento del primer quintil.

Frente a los retos derivados del complejo contexto sociopolítico actual, el próximo gobierno tendrá ante sí un desafío resultante de un índice favorable en materia de seguridad ciudadana, el que tendrá que mantener y, de ser posible, mejorar.

Según datos proporcionados al final de noviembre pasado a Notimex por el ministro de Seguridad, Mario Zamora, la tasa de homicidios en este país bajó de 12.54 por cada 100 mil habitantes en 2010, a 8.9 el año pasado.

Para este año que finaliza "vamos a lograr una reducción más significativa que el año anterior", aseguró.