Costa Rica espera con optimismo fallo de CIJ en litigio con Nicaragua

Las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre medidas cautelares en el diferendo territorial entre Costa Rica y Nicaragua, generan optimismo costarricense respecto a lo que el tribunal resuelva sobre la disputa.

Costa Rica viene considerando, desde la decisión inicial de la CIJ -hace casi tres años- en materia de medidas provisionales, que lo resuelto por el máximo tribunal mundial le ha significado hasta ahora tres victorias diplomáticas consecutivas.

Las dos más recientes resoluciones -respectivamente en noviembre pasado y este mes-, consolidan el optimismo de esta nación centroamericana, según funcionarios gubernamentales.

En el marco del conflicto binacional, estallado el 21 de octubre de 2010 en Isla Portillos, Costa Rica acudió a la CIJ para acusar a Nicaragua de haber causado daño ambiental e incursionado militarmente en territorio costarricense, específicamente la Isla Portillos.

El lugar es un área de aproximadamente tres kilómetros cuadrados que constituye el sector norte de Isla Calero, en una zona de humedales.

Nicaragua refuta las acusaciones, asegura que no ocurrió en la invasión denunciada y plantea que Costa Rica ha violado la soberanía de ese país.

La CIJ emitió en 2011 medidas cautelares que incluyen la obligación de ambos países de evitar acciones que agudicen el diferendo y la autorización de presencia en Isla Portillo, solamente de personal civil costarricense encargado de proteger el ambiente.

Desde entonces Costa Rica ha denunciado reiteradamente la presencia en el punto de conflicto de ciudadanos nicaragüenses pertenecientes al sector juvenil del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y que ello viola lo dispuesto por la CIJ.

También hay presencia militar nicaragüense en el sitio.

Por su parte, Nicaragua demandó a Costa Rica al denunciar que la construcción iniciada en 2011 de un camino de terracería, en territorio costarricense paralelo a la frontera binacional, generó daño ambiental principalmente en el nicaragüense río San Juan.

Nicaragua indicó que sedimento, generado por la remoción de tierra para la construcción del camino de unos 160 kilómetros de extensión -la Ruta 1856-, estaba contaminando el río que fluye junto a buena parte de la frontera terrestre de unos 309 kilómetros de largo.

Recibida la demanda contra Costa Rica, la CIJ decidió unir ambas en un solo caso.

En el más reciente hecho en el diferendo binacional, Costa Rica denunció el 17 de septiembre de este año la construcción de dos canales artificiales en la zona del conflicto.

Los canales fueron dragados en el lapso de aproximadamente dos meses, de acuerdo con la información generada entonces.

Ambos desaguaderos -uno de aproximadamente 20 a 30 metros de ancho, el otro la mitad más angosto y cada uno de alrededor de 200 a 300 metros de largo- fueron cavados para unir al río San Juan con el mar Caribe.

Se trata de una nueva violación a la integridad territorial de Costa Rica por parte del gobierno de Nicaragua, aseguraron ese día al formular la denuncia la presidenta costarricense, Laura Chinchilla, y el canciller Enrique Castillo.

Con la construcción de los dos caños Nicaragua no solamente violó el territorio costarricense, sino además las medidas cautelares ordenadas a ambos países en 2011 por la CIJ para la zona de la disputa, subrayaron.

También generó daño ambiental considerable, en esa zona de humedales, aseguraron.

A raíz de ello, Costa Rica solicitó en octubre pasado a la CIJ nuevas medidas cautelares, las cuales fueron emitidas el 22 de noviembre pasado.

Entre otras disposiciones, el tribunal mundial indicó ese día que "reafirma las medidas provisionales indicadas el 8 de marzo de 2011".

Además ordenó que "Nicaragua se abstendrá de llevar a cabo nuevos dragados y otras actividades en el territorio en disputa y se abstendrá, en particular, de realizar trabajo de cualquier índole en los dos nuevos caños", en alusión a los canales artificiales.

Asimismo, "Nicaragua llenará la trinchera en la playa, al norte del caño oriental, dentro de dos semanas a partir de la fecha de la presente Orden", e "informará inmediatamente a la Corte cuando haya completado el llenado", según la disposición.

"Y dentro de una semana de haberlo completado le presentará (a la Corte) un informe que contenga todos los detalles, incluida prueba fotográfica", agregó la CIJ en el documento.

"Nicaragua procederá a la remoción del territorio en disputa de todo personal, sea éste civil, policial o de seguridad", y "evitará que tal personal ingrese al territorio en disputa", indicó.

También "procederá evitará la entrada al territorio en disputa de personas privadas, bajo su jurisdicción o control", ordenó.

"Luego de consultar con la Secretaría de la Convención Ramsar, y después de dar previa notificación a Nicaragua, Costa Rica puede tomar las medidas adecuadas relacionadas con los dos nuevos caños", puntualizó.

La CIJ aludió así a la entidad internacional que protege humedales a nivel mundial.

Ello "en la medida necesaria para evitar daño irreparable al ambiente en el territorio en disputa", explicó, y agregó que "al tomar esas medidas Costa Rica evitará todo efecto adverso en el río San Juan".

Una misión de expertos del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) visitó a principios de diciembre la zona y determinó que Nicaragua cerró -según orden de la CIJ- una trinchera cavada en la playa, cerca de ambos caños.

También comprobó en el terreno la ausencia de personal militar y de civiles nicaragüenses.

En noviembre pasado, la CIJ llevó igualmente a cabo una audiencia para abordar una solicitud nicaragüense de medidas cautelares por la construcción de la Ruta 1856, popularmente conocida en Costa Rica como "la trocha".

La Corte se pronunció el pasado 13 de diciembre, cuando dio a conocer la resolución -de más de 30 puntos contenidos en nueve páginas- de rechazo al planteamiento de Nicaragua.

"La Corte unánimemente encuentra que las circunstancias, tal como se presentan ahora a la Corte, no son tales que requieran el ejercicio de su poder para indicar medidas provisionales", apuntó el tribunal en el cierre del extenso documento resolutivo.

Horas después ese día, interrogados por Notimex en conferencia de prensa por separado respecto al panorama que para el proceso del caso en general plantean las resoluciones de la CIJ sobre medidas cautelares, Chinchilla y Castillo expresaron optimismo.

Ambos jerarcas gubernamentales señalaron, en ese sentido, el hecho de que los dos más recientes pronunciamientos -respectivamente el 22 de noviembre y el 13- se refieren puntualmente en cada caso a cada una de las demandas.

"Como se dice popularmente, si por la víspera se saca el día, uno digamos que podría tener elementos para sentirse bastante optimista en relación con los resultados finales de estos litigios", indicó la presidenta.

"Si por las medidas cautelares podríamos anticipar los resultados finales de los casos, uno de verdad podría sentirse bastante positivo de que la Corte nos pueda dar la razón", agregó.

"Sin embargo, el comportamiento nuestro ha sido un comportamiento absolutamente respetuoso de los jueces de la Corte Internacional de Justicia", aclaró la jefa de Estado.

En opinión de Castillo, "el panorama es halagüeño".

Ello "porque en realidad lo que dijo (este mes) la Corte es prácticamente lo que va a volver a decir en su fallo final sobre la demanda de Nicaragua contra Costa Rica: no hay daño", expresó.

"Y si la demanda se basa en afirmar que hay daño y, a estas alturas, ya Nicaragua no lo pudo probar, menos lo va a poder hacer después", vaticinó.

Entretanto "Costa Rica, siendo la demandada y no estando obligada a aportar prueba -no tiene la carga de la prueba que llamamos-, aportó prueba abundante y contundente que ha llevado a la Corte a tomar esta decisión", subrayó.

"De manera que el futuro en cuanto a la demanda de Nicaragua contra Costa Rica es halagüeño", reafirmó Castillo, un exembajador de Costa Rica en la Organización de Estados Americanos (OEA).

"Y obviamente en la demanda contra Nicaragua también, porque el acto cometido por Nicaragua en el 2010, y al que le ha dado continuidad hasta hace muy poco, es un acto indefendible, es absolutamente indefendible", aseguró.

"De manera que de aquí en adelante queda allanado el camino para esperar, con confianza, con tranquilidad, el fallo final", expresó.