El Congreso de Nuevo León aprobó por unanimidad la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que obliga a entidades diversas transparentar el ejercicio de recursos públicos que reciban.

Lo obligatoriedad, dispuesta en la legislación, abarca a partidos políticos, sindicatos, universidades, poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, municipios, personas físicas o morales.

La nueva ley aprobada, con algunas reservas, tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier sujeto obligado y con ella.

De acuerdo al documento aprobado, “se cierran los caminos a la corrupción y exige a los entes obligados a subir a la plataforma nacional de transparencia la información sobre sus recursos obtenidos del erario”.

Se obliga a los 51 municipios a publicar por Internet la información que de acuerdo con dicha ley deba publicar, lo cual abona a la transparencia y rendición de cuentas, aun en los municipios rurales de más de 10 mil habitantes.

Se establece el Sistema Estatal de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, conformado por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, el Archivo General, la Auditoría Superior del estado y el Consejo Estatal de Armonización Contable.

En el mismo se tendrá como invitado a sus sesiones de trabajo a un representante del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Cada sujeto obligado designará al responsable de la unidad de información para recabar y difundir la información pública, auxiliar a los particulares en la solicitud de acceso a la información y realizar los trámites para atender las solicitudes.

A su vez, los sujetos obligados publicarán la información que mandata la ley sin ningún tipo de restricción o candado.

En lo que respecta a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información se amplía a siete años el periodo de elección de sus integrantes procurando la paridad de género y se posibilita la reelección de su presidente.

La nueva ley fue aprobada con las reservas a los artículos 43, 46, 47, 85 y al IV transitorio.

El Artículo 43 establece que la comisión estará integrada observando los principios de paridad de género por cinco comisionados, que tendrán el carácter de propietarios que el pleno será el órgano supremo del mismo.

Durante su desempeño los comisionados no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

Además los cinco comisionados elegirán a su presidente, los cuatro restantes tendrán carácter de vocales, de acuerdo a las reservas hechas por el diputado de Movimiento Ciudadano, Samuel Alejandro García Sepúlveda.

Posterior a esta aprobación se abrió otro periodo extraordinario con el objetivo de ver lo relativo a reestructuración de la deuda estatal y su bursatilización.

Además cuentas públicas de las administraciones de los ex gobernadores Natividad González Parás y Rodrigo Medina, y el trienio de la ex alcaldesa regiomontana Margarita Arellanes Cervantes.

Sin embargo, tras el pase de lista, diputados del PAN tomaron la tribuna para exigir cambiar el orden del día e iniciar con las cuentas públicas, lo que generó desacuerdo con la fracción del PRI, quienes al final abandonaron el recinto dejando sin quórum la sesión.