Invalida Corte reformas sobre declaraciones patrimoniales en Oaxaca

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó en cuatro municipios de Oaxaca la aplicación del segundo párrafo del Artículo 30 de la Ley de Responsabilidades Administrati...

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó en cuatro municipios de Oaxaca la aplicación del segundo párrafo del Artículo 30 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de esa entidad federativa, que establecía que los servidores públicos municipales debían presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses ante el Órgano Interno de Control del Congreso del Estado.

De acuerdo con los ministros, dicha norma es violatoria de los artículos 73, fracciones XXIV y XXIX-V, 108, 109, fracción III, último párrafo y 113 de la Constitución Federal, así como de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Con dichas normativas se ordenó la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción homogéneo que permita la cooperación en todos los niveles de gobierno, es decir, federal, local y municipal, ajustado a las disposiciones contenidas en esos ordenamientos.

En efecto, la referida Ley General prevé que las declaraciones patrimoniales y de intereses deben presentarse ante el Órgano Interno de Control respectivo, es decir, el que forma parte del ente de gobierno al que el servidor público obligado se encuentra adscrito.

En el caso de los municipios de Oaxaca, conforme al Artículo 126 TER de la Ley Orgánica Municipal, ante la Contraloría Interna Municipal y, en aquellos con una población menor a 20 mil habitantes, ante la Comisión de Rendición de Cuentas, Transparencia y Acceso a la Información.

Por ello, al haberse establecido en el segundo párrafo del artículo impugnado de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, que las declaraciones de los servidores públicos municipales debían presentarse ante el Órgano Interno de Control del Congreso Local, dicho poder no se ajustó a las disposiciones de la Ley General, por lo que es inconstitucional.

Además, el Pleno invalidó por extensión el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto 584, mediante el cual se reformó el citado Artículo 30, por la relación de dependencia entre ambas normas.

Los municipios de Cuilápam de Guerrero, Santa Cruz Zenzontepec, Matías Romero de Avendaño y Santiago Matatlán promovieron cada uno una controversia contra los poderes Legislativo y Ejecutivo de Oaxaca.

En dichos recursos, demandaron la invalidez del Artículo 30 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios estatal, reformado mediante el Decreto 584, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 21 de marzo de 2019.

Por ello, el fallo del alto tribunal sólo será aplicable en dichas jurisdicciones.