Invalida SCJN pagos adicionales a seguridad social en Coahuila

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalidó diversas disposiciones de la Ley del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, que preveían la figur...

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalidó diversas disposiciones de la Ley del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, que preveían la figura del “copago”, por la cual, los trabajadores estaban obligados a cubrir parte del costo de servicios médicos, hospitalarios y farmacéuticos que presta el Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación de la entidad.

Los trabajadores realizaban aportaciones adicionales a las de seguridad social, efectuadas por ellos y los patrones, lo que fue eliminado por el Pleno del Alto Tribunal, al considerar que tanto el mencionado copago y el resto de las figuras vinculadas a éste, no se basaban en los principios de justicia y solidaridad social, accesibilidad económica, equidad y seguridad jurídica, previstos en los artículos 4° y 123 de la Constitución.

Además del copago, en las disposiciones invalidadas se establecía la posibilidad de que los derechohabientes firmaran convenios para pagar en parcialidades los créditos por la prestación de servicios médicos.

Asimismo, si firmaban dichos convenios, tenían la obligación de cubrir 20 por ciento adicional para integrar un “fondo de garantía”, destinado a cubrir saldos de créditos de derechohabientes en caso de fallecimiento.

Otra de las disposiciones derogadas fueron los “planes de protección”, con los que los derechohabientes autorizaban descuentos adicionales en sus sueldos para sufragar servicios médicos hospitalarios prestados por dicho instituto.

Las disposiciones representaban una carga para el trabajador, quien además de soportar los descuentos por las cuotas de seguridad social, debía cubrir al menos parcialmente los gastos de servicios de salud de los que fuera usuario, resolvieron los ministros.

Asimismo, les generaba incertidumbre respecto del costo de los servicios y sobre si tendrían la capacidad económica para sufragarlo.

Así, la SCJN invalidó las reformas a dicha Ley, publicadas en el periódico oficial el 9 de noviembre de 2018.

Las acciones de inconstitucionalidad 109/2018 y su acumulada 110/2018 fueron promovidas por diputados de la 61° Legislatura del Congreso de Coahuila y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.