El cine mexicano, entre el naufragio y la extinción

Por Sergio Raúl López

Por Sergio Raúl López

[Ante las reacciones de distintos integrantes del sector cinematográfico mexicano, a causa de la Iniciativa de Ley propuesta por el Grupo Parlamentario de Morena —misma que, entre otros ámbitos considera la desaparición del Fidecine—; le solicitamos al especialista en cine, Sergio Raúl López, que nos compartiera sus reflexiones al respecto...]

México, 21 de mayo (Notimex).— El problema más grave del carrusel de propuestas realizadas, en esta primera parte del sexenio, en torno a las políticas estatales de fomento a la cinematografía, es que ante la carencia de estudios a fondo y de comprensión de la materia se están provocando una serie —al parecer, incesante— de escándalos, que únicamente conducen a una reacción de defensa unánime e instintiva del gremio fílmico nacional, cuyo peso es avalado no sólo por premios de la Academia de Hollywood y de festivales como Berlín, Cannes o Venecia, sino porque se integra por figuras públicas de fama local e internacional.       Ante iniciativas poco estudiadas y reflexionadas, lanzadas con premura, así como generalizaciones muy aventuradas, o bien, justamente en contradicción absoluta con las labores de otros sectores —bien sea gubernamentales o legislativos—, se provoca una reacción inmediata, vigorosa, muy escuchada y visibilizada por parte de nuestros santones audiovisuales —bien sean directores, actores, productores, escritores o fotógrafos—, para sacar agua de un barco que pareciera estar a punto de encallar.       Y es que evitar el hundimiento salva la vida, cierto, pero impide reflexionar la ruta de navegación y pensar siquiera en modificarla.       El más reciente ejemplo de estas contradicciones del partido en el poder ocurrió esta semana. Primero, porque la solicitud de respuestas a 43 interrogantes, todas ellas planteadas en una misiva pública —por representantes de los distintos gremios del cine— a la realizadora María Novaro, actual directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), en torno a dos principalísimos temas: los recortes presupuestales realizados ante la emergencia sanitaria a causa del COVID-19 y la integración del Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (Foprocine), extinto por el decreto presidencial que fue publicado el pasado 2 de abril en el Diario Oficial de la Federación.       Estas cuestiones se resolvieron con un primer conversatorio público de la funcionaria, moderado por su colega Natalia Beristáin, realizado en línea durante el mediodía del martes 19 de mayo. Una hora y media de diálogo logró tranquilizar a este grupo multidisciplinario al reiterarles que el Foprocine no desaparecerá, sino que será transformado e integrado al Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine); tal y como se acordó durante el 17 de abril, entre las secretarías de Cultura, de Hacienda y de la Función Pública, sin que esto afectase el tipo de películas que subsidia ni el monto anual del que dispone, que asciende a 170.6 millones de pesos.       Empero, el convencimiento de la comunidad fílmica hacia la buena voluntad de la actual administración federal —representada por la funcionaria— duró apenas unas horas, pues al día siguiente, el miércoles 20 de mayo, la diputada Dolores Padierna —en representación del Grupo Parlamentario de Morena— presentó una iniciativa para reformar y derogar disposiciones de distintas leyes, entre ellas, la Ley Federal de Cinematografía, en los artículos —que van del 33 al 38— que prevén la creación, los objetivos y reglas de operación del Fidecine.       La medida, explica la legisladora, busca allegarse recursos ante esta crisis de salud, combatir la opacidad, discrecionalidad y nula rendición de cuentas de algunos de estos fondos, y utilizarlos para emergencias; así, en amplio, todo en concordancia con las regulaciones de la austeridad republicana.

Estado omiso en materia audiovisual

De modo que la presión pública de los cineastas para salvaguardar al más antiguo de los fondos de apoyo a la producción en funciones —cuya operación inició en 1997 y mismo que, desde entonces, ha apoyado financieramente la realización de 408 películas— solamente se ha multiplicado, al enfrentarse ahora con la disolución del segundo fideicomiso, el Fidecine, dotado con 70 millones de pesos anuales y el cual, a partir del año 2001, ha entregado aportaciones a 289 largometrajes —aunque 64 han sido cancelados a petición de sus productores—. Es decir, que en lugar de tranquilizar las aguas... ahora enfrentamos un mar picado y embravecido.       Y esta crisis, por lo demás gratuita, insisto, fruto de la improvisación y la desconexión entre el ejecutivo y el legislativo, así como de la falta de una comunicación mínima y de investigación superficial; no es sino un estado recurrente de las cosas en el sector cultural, del cual el cine es apenas una muestra.       Este mismo año —sin importar que el diputado Sergio Mayer haya convocado a numerosas sesiones de Parlamento Abierto durante 2019 y en el arranque del 2020, para redactar y proponer una actualizada Ley Federal de Cinematografía, convocando a los distintos sectores de la industria— su colega de bancada, Martí Batres propuso, a finales de enero, una iniciativa que haría obligatorio el doblaje al castellano de todo estreno en la cartelera, a propuesta de la Asociación Nacional de Actores, sin tomar en cuenta todo el trabajo previo realizado en el Congreso.       Algo similar ocurrió con el intento por cancelar la plataforma audiovisual FilminLatino, dado el contrato ventajoso y poco rentable con la empresa española Filmin, en la que se invierten 8 millones de pesos al año —y misma que apenas cuenta con 2 mil abonados en cinco años de existencia—; pero la andanada de críticas mediante las redes sociales de actores y directores, hicieron recular a un Imcine debilitado.       Ocurre que nuestro instituto cinematográfico federal ha sido concebido como un gran impulsor de la producción de películas en el país, y vaya que si ha tenido éxito en este propósito, pues a partir de la creación de los fideicomisos y las exenciones fiscales como las del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional (Eficine) —previsto en el artículo 189 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (lisr)— se ha pasado de la raquítica cifra de nueve largometrajes producidos en 1997 a los 216 realizados durante 2019... un ascenso exponencial de innegable relevancia.       El problema principal es que, más allá de ciertos apoyos a la difusión y a la distribución de esas películas, el Imcine es un organismo que carece de la fuerza y de la legalidad para emprender las acciones de regulación de la industria, de la protección a la producción nacional y del establecimiento de topes a la gran producción anglosajona que domina la cartelera nacional y obtiene ganancias superiores al 80%. Estar concentrado en aumentar la producción, mediante subsidios, becas, educación continua, seminarios y talleres, provoca que no sólo se descuide la circulación de esos abundantes títulos sino su acceso al gran público, es decir, a la ciudadanía que ayuda a pagar dichas filmaciones con sus impuestos.       La debilidad del Imcine no hace sino confirmar que tenemos, al menos desde hace seis sexenios, un Estado omiso en materia audiovisual —dejando de lado la creación de obras cinematográficas— dentro de un sistema regulado por la dominancia de algunas pocas empresas y de un puñado de películas comerciales de producción hollywoodense. A esta precaria condición, en nada ayudan los persistentes embates de un grupo legislativo mayoritario que se empeña en apresurar y proponer medidas a tabula rasa, destinadas a fracasar y a ser retiradas, pero que empañan el ambiente e impiden la discusión de modelos de políticas más eficientes e incluyentes.       Tristemente, pareciera cumplirse el epitafio que el visionario poeta checo Rainer Maria Rilke destinó para sí mismo en su tumba sobre la roca de Raron, en Suiza: “Rosa, oh contradicción pura en el deleite/ de ser el sueño de nadie bajo tantos/ párpados.”