Pandemia revive el Ingreso Básico Universal

Entre los varios efectos colaterales de la epidemia que ha desatado el coronavirus, detectado a fines de 2019 en el centro de China, se cuenta la nueva luz que ha arrojado al Ingreso Básico Universal...

Entre los varios efectos colaterales de la epidemia que ha desatado el coronavirus, detectado a fines de 2019 en el centro de China, se cuenta la nueva luz que ha arrojado al Ingreso Básico Universal (IBU).

Se trata de una suma de dinero que debe de ser entregado semanal o mensualmente a todos los ciudadanos de un país sin importar su género, empleo, tipo de familia, contribución a la sociedad o cualquier otra condición.

El pasado 12 de mayo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) revivió la idea al proponer que los gobiernos de la región "garanticen transferencias monetarias temporales inmediatas para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares".

No es una idea nueva, pues se remonta al menos al siglo XVI, cuando Tomás Moro, en su famoso libro Utopía, lanzó la propuesta de la asistencia pública, pero la pulió Johannes Ludovicus Vives y la presentó en su forma de ingreso mínimo garantizado.

Ya en este siglo fue discutida en Reino Unido, países de Europa del Norte y Estados Unidos, sin concretarse, salvo en la norteña entidad estadounidense de Alaska, donde una vez al año se reparten las ganancias de la explotación de sus recursos minerales.

Con 40 años de operación, el Alaska Permanent Fund, tenía hasta el pasado 31 de marzo un valor de 60 mil 003.9 millones de dólares, de acuerdo a su sitio electrónico.

Junto con la experiencia de Alaska, Finlandia entregó 560 euros mensuales (unos 606 dólares) a dos mil personas desempleadas con edades de 25 a 58 años, desde noviembre de 2017 a octubre de 2018, escogidos entre los beneficiarios de ayuda de desempleo.

La evaluación, a través de una encuesta, mostró que los beneficiarios se dijeron menos tensos, deprimidos, tristes y solos, con mejor percepción de sus habilidades cognitivas como memoria, aprendizaje y concentración.

Del total de beneficiados se entrevistó a 81, que en la mayoría se dijeron más autónomos, y sólo una minoría señaló que se sintió presionada para encontrar un empleo.

El ingreso básico despertó actividades de diferentes clases entre quienes lo recibieron, dijo Helena Blomberg-Krollde la Universidad de Helsinki, pero aquellos que ya estaban en una situación de vida difícil no parecen haber resuelto sus problemas con la suma entregada.

La experiencia finlandesa ha sido la primera de carácter nacional y obligatoria, pues los beneficiaros no tuvieron la oportuniad de rechazarla, describe la oficina finlandesa de seguridad social encargada de la experiencia.

Malcolm Torry, director del Citizen's Basic Income Trust y experto en seguridad social, señaló que las medidas puestas para contener la pandemia con frecuencia no benefician los ingresos de muchos trabajadores del sector informal, así como de trabajadores migrantes.

Precisó que el IBU podría inyectar demanda a la economía y ayudar a evitar la recesión, porque todos lo recibirían, además de que contribuiría a la cohesión social, sin importar si se entrega a quienes no lo necesitan.

Para entregar el IBU se necesitaría una base de datos con la información básica de cada ciudadano y los países que carecieran de estos datos, pero tuvieran voluntad política, la podrían crear en un periodo corto, señala en una contribució al sitio basicincome.org.

En ese marco la propuesta de la CEPAL se acerca, pero no es el IBU, aunque advierte que podría convertirse en el mismo.

El ingreso básico de emergencia cepalino (IBE) tendría el monto de lo que costara en cada país una canasta básica de alimentos y otras necesidades esenciales, entregado durante seis meses a toda la población en situación de pobreza.

Se alcanzaría, de esa manera, a 215 millones de personas en situación de pobreza o 34.7 por ciento de la población regional y significaría el 2.1 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB).

La CEPAL prevé que la pandemia hará que el PIB de la región retroceda hasta 5.3 por ciento este año, mientras el desempleo crezca 3.4 por ciento. A su vez podría haber 28.7 millones más de personas en pobreza, para sumar 214.7 millones en toda la región.

Por su parte la pobreza extrema podría crecer 2.6 por ciento, es decir, 15.9 millones de personas para sumar 83.4 millones en total en toda América Latina y el Caribe.

Los potencialmente más afectados serían "las mujeres, las personas de estratos de ingresos bajos y medios-bajos, los trabajadores informales, las trabajadoras domésticas remuneradas, los niños, niñas y adolescentes."

También "los jóvenes, las personas mayores, la población rural, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las personas con discapacidad, los migrantes, y las personas en situación de calle."

Hoy en día 29 países de la zona han aplicado 126 medidas de protección social para la población pobre y vulnerable, por ejemplo, las transferencias monetarias y de alimentos, las cuales han llegado a 90.5 millones de hogares, el 58 por ciento de toda la población del área.