Acertado, fallo de la Suprema Corte contra "ley Bonilla": experto de UAM

El doctor Víctor Manuel Alarcón Olguín, investigador de la UAM señaló que el fallo unánime de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para anular la llamada "ley Bonilla" es positivo y signif...

El doctor Víctor Manuel Alarcón Olguín, investigador de la UAM señaló que el fallo unánime de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para anular la llamada "ley Bonilla" es positivo y significativo, pues la iniciativa de reforma del Congreso de Baja California para ampliar el periodo de gobierno en la entidad representaba un atropello al derecho al voto libre, secreto y directo de los ciudadanos.

La argumentación y el procedimiento que recayó en el ministro José Fernando Franco González Salas fue puntual para desmontar los alegatos, al considerar que la pretendida extensión del mandato de Jaime Bonilla Valdez de dos a cinco años vulneraba el principio de certeza, indicó el especialista del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa.

La ciudadanía fue convocada para votar por una gestión de dos años, pero después el Congreso saliente aprobó la reforma, “aunque Bonilla Valdez declaró que no tuvo injerencia alguna en esa decisión, lo que tiene una lectura por demás inocente, pues fue clara la compra de apoyos de los legisladores de oposición”.

Un segundo argumento de defensa del gobernador es que desconocía que participaba en un proceso para estar al frente del Ejecutivo local por dos años, sin embargo, “aunque no estuviera en la legislación electoral o en la convocatoria, la Constitución señala con claridad” los dos años.

Alarcón Olguín indicó que en este caso, el principio jurídico básico plantea que “la ignorancia de la norma no te sustrae de acatarla” y que la intención del mandatario de Baja California y su equipo jurídico era extinguir la vigencia de la norma por haber tomado posesión.

Pero el hecho no era irreparable, en función de que los dos años no se habían cumplido y sólo sería irremediable si el fallo de la Corte hubiera llegado después de concluida la gestión, en octubre de 2021, por lo que el máximo órgano de justicia estaba en tiempo y forma para conocer y pronunciarse sobre el tema, ya que la condición de irreparabilidad por haber tomado posesión y la Constitución vigente no se acredita, enfatizó el especialista.