Cuestionan constitucionalidad de decreto de Áñez sobre libre expresión

La Defensoría del Pueblo de Bolivia presentó hoy dos acciones de inconstitucionalidad contra los decretos emitidos por el gobierno de Jeanine Áñez, presidenta interina, que permiten el ingreso de ...

La Defensoría del Pueblo de Bolivia presentó hoy dos acciones de inconstitucionalidad contra los decretos emitidos por el gobierno de Jeanine Áñez, presidenta interina, que permiten el ingreso de semillas transgénicas en el país y restringen la libertad de expresión en temas ligados al COVID-19.

El decreto 4232, que autoriza un proceso abreviado de evaluación de semillas transgénicas de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, viola el derecho a la seguridad alimentaria, argumentó Nadia Cruz, titular de la Defensoría, al presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.

Además, el decreto transgrede el principio de supremacía constitucional y atenta contra la biodiversidad de semillas originarias en el país, argumentó.

La Defensoría también sostuvo que el decreto 4231 y fragmentos de los decretos 4199 y 4200 son incompatibles con la constitución de Bolivia porque vulneran el precepto de la libertad de información y de opinión, además de señalar que cualquier restricción a esos derechos sólo puede establecerse por ley.

La medida impulsada por Áñez indica que las personas que difundan información de forma escrita, impresa, artística o por otra vía que ponga en riesgo la salud pública y que genere incertidumbre en la población podrán ser denunciadas por cometer delitos, según lo estipulado en el Código Penal.

La expresión libre de opiniones está consagrada como un derecho fundamental por la constitución boliviana, recordó Cruz, además de ser un pilar del sistema democrático, mientras que los decretos del gobierno nacional recurren a la vía penal sin explicar razones y mediante términos vagos, susceptibles de cualquier intromisión arbitraria.

“En Bolivia, la Asamblea Legislativa Plurinacional es la única que se encuentra con la legitimidad constitucional para limitar derechos fundamentales, pero bajo los principios de proporcionalidad y razonabilidad”, argumentó la Defensoría.

“En otras palabras, cualquier restricción de los derechos fundamentales, como el de la libertad de información y opinión, pasa necesariamente por un diálogo democrático en el Órgano Legislativo”.

Sobre los transgénicos, la Defensoría del Pueblo recordó que el artículo 409 de la constitución boliviana indica que la producción, importación y comercialización de transgénicos es regulada por la ley y no por decreto, como busca el gobierno de Áñez.

“Ese decreto se constituye en una norma que afecta el derecho a la seguridad alimentaria, con lo cual se vulnera el principio de reserva legal, pues tales aspectos sólo pueden ser desarrollados por una ley”, explicó el organismo.

“Se atenta contra la seguridad alimentaria al reducir los protocolos para determinar si el consumo y uso de semillas transgénicas son seguras para la salud y el medioambiente”.

La Defensoría solicitó a la autoridad judicial expulsar del orden jurídico a ambos decretos, el relativo a la libertad de expresión y el de transgénicos, por su inconstitucionalidad.