Deroga gobierno de Bolivia decreto criticado sobre libre expresión

El gobierno de Bolivia determinó hoy derogar las modificaciones por decreto que había dictado para sancionar como delitos la emisión de información considerada confusa en el marco de la pandemia d...

El gobierno de Bolivia determinó hoy derogar las modificaciones por decreto que había dictado para sancionar como delitos la emisión de información considerada confusa en el marco de la pandemia de COVID-19.

El decreto 4231, emitido por la presidenta interina Jeanine Áñez, señalaba que las personas que difundan información de forma escrita, impresa, artística o por otra vía que ponga en riesgo la salud pública y que genere incertidumbre en la población podrían ser denunciadas por cometer delitos, según lo estipulado en el Código Penal.

La medida fue criticada por Naciones Unidas al considerar que responder de manera penal al ejercicio de la libertad de expresión resultaba excesivo y podía criminalizar el ejercicio informativo en el país.

Además, la Defensoría del Pueblo presentó hoy ante el Tribunal Constitucional Plurinacional un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto, argumentando que la medida vulneraba la libertad de información y de opinión en el país.

Mediante una carta dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la misión permanente de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) notificó la derogación de los decretos 4231, 4200 y 4199, publicada en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.

El gobierno de Áñez aseguró que la decisión se tomó en atención a “ciertas inquietudes”, respecto a la interpretación de los decretos emitidos sobre su impacto en la libertad de expresión.

“La derogatoria de dichos artículos no abandona el compromiso del Estado de precautelar los valores fundamentales de seguridad pública, orden y salud públicos, en el marco de los derechos humanos y la libertad de expresión.

“Así como el deber de proteger el valor supremo de la vida y la seguridad de los bolivianos ante las amenazas de violencia y los atentados contra la cuarentena que promueve diariamente el expresidente Evo Morales y sus seguidores”, expresó el gobierno de Áñez en la carta dirigida a la CIDH.

El lunes 11 de mayo el exmandatario Morales, exiliado en Argentina bajo protección del gobierno de Alberto Fernández, acusó que Áñez ha acusado falsamente al candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, de llamar a desoír la cuarentena para procesarlo penalmente.

“Extremo falso que se suma al hostigamiento que sufre y a las acciones ilegales que buscan proscribir al MAS”, expresó entonces el expresidente.