Denuncia PAN en Auditoría federal caso del hijo de Manuel Bartlett

Por considerar que la credibilidad de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública, está reducida, diputados del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una denuncia ant...

Por considerar que la credibilidad de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública, está reducida, diputados del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que investigue las compras realizadas por el gobierno federal a las empresas de Manuel Bartlett Álvarez.

Los diputados Federico Döring Casar, Luis Alberto Mendoza Acevedo y Héctor Barrera Marmolejo solicitaron al titular de la ASF, David Rogelio Colmenares Páramo, investigar los recursos públicos de este año fiscal de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina-Armada de México (Semar).

En el documento describen las compras de ventiladores concretadas por el gobierno federal a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad.

Los diputados señalaron que existen indicios de que el gobierno federal benefició al hijo de Bartlett Díaz.

“Lo cual configura un posible conflicto de interés hacia Manuel Bartlett Díaz, director de la CFE, quien gracias a su cargo en el gabinete de Andrés Manuel, benefició bajo plena consciencia a la empresa de su hijo”, evidenciaron.

Los legisladores pidieron que se haga una fiscalización a los recursos del director del IMSS, a cargo de Zoé Robledo, y también a Bartlett Díaz.

“No vemos condiciones de mantener el caso en manos de la secretaria de la Función Pública, quien ha sido omisa de ejercer mano dura en contra de su compañero de gabinete y amigo personal del presidente de la República”, criticaron.

Döring, Barrera y Mendoza coincidieron que, de encontrarse irregularidades en las compras, se podrían aplicar sanciones administrativas, penales y políticas, de acuerdo con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.