Exponen avances y retos a un lustro de Ley General de Transparencia

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Este lunes inició el foro virtual "Avances y retos a cinco años de la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública", el cual se estará llevando a cabo hasta el miércoles 6 de mayo.

En este primer día de actividades, el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Francisco Javier Acuña Llamas, llevó a cabo la presentación del Foro, en la que destacó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) “ha sido siempre un factor y vector de diálogo con la academia, las organizaciones de la sociedad civil y los sujetos obligados”.

Señaló que aún no se ha logrado que las instituciones y las dependencias sean receptivas y respondan desde la primera vez “en suficiencia”.

Las ponencias estuvieron a cargo de Tania de la Paz Pérez Farca, subsecretaria de Combate a la Impunidad de la Secretaría de la Función Pública; Cynthia Patricia Cantero Pacheco, comisionada presidenta del ITEI Jalisco y coordinadora de Organismos Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional de Transparencia.

También participaron Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Haydeé Pérez Garrido, directora ejecutiva de FUNDAR; mientras que la moderación estuvo a cargo de la comisionada Josefina Román Vergara.

Pérez Farca identificó algunas de las fortalezas de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre las que señaló la ampliación del catálogo de sujetos obligados, la creación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT).

Además. la creación de la Plataforma Nacional de Transparencia, la atención en el derecho de acceso a la información de grupos vulnerables y la reducción del plazo de reserva de la información a cinco años.

“La Ley General posibilita que la transparencia sea entendida como un principio de interés público para fortalecer la credibilidad ciudadana en las instituciones, contribuye a la rendición de cuentas como un mandato y exigencia pública de llevar y presentar una gestión clara y también fomenta una sociedad informada y participativa”, indicó.

Salazar Ugarte señaló a su vez que uno de los pendientes corresponde a la integración y el funcionamiento del SNT, el Sistema Nacional de Archivos y el Sistema Nacional Anticorrupción, “que no termina todavía de integrarse y de funcionar a plenitud, porque incluso siguen estando pendientes designaciones muy importantes de dicho sistema”.

Puso énfasis en que la robustez de la democracia será el resultado de más organizaciones de la sociedad civil “mejor organizadas y más potentes” y que “la academia debe de observar críticamente a los distintos actores y sobre todo a los actores públicos, gubernamentales y estatales”, labor que debe realizarse con rigor metodológico, imparcialidad política y con vocación de incidencia social.

Cynthia Patricia Cantero Pacheco resaltó que "la búsqueda del reconocimiento y configuración de la política de transparencia y la garantía del acceso a la información requirieron para su construcción el apoyo institucional, la creación de alianzas y mecanismos de colaboración, así como el intercambio de experiencias entre organismos similares”.

Asimismo, la Comisionada presidenta del ITEI Jalisco señaló que con el paso de los años, el ejercicio del acceso a la información se ha convertido en “una fortaleza para poder modificar la vida y las condiciones de la sociedad”.

La directora ejecutiva de FUNDAR, Haydeé Pérez Garrido, expuso algunos de los retos existentes en materia de transparencia, y consideró que el primero de ellos es la información disponible online, pues aún se tiene “la necesidad apremiante que tenemos de conocer la información, por ejemplo, en términos de recursos, relacionados con la pandemia”.

A su parecer, un segundo reto corresponde a la necesidad de digitalizar la información y los archivos de las administraciones públicas, pues “una de las razones para suspender los plazos de respuesta del Inai y de los órganos garantes de todo el país es que la información no está digitalizada y no está bien organizada como para poder realizar los trámites vía online”.

En su opinión, actualmente se está excluyendo y no se está “focalizando la acción en grupos en situación de discriminación y exclusión. Particularmente pueblos y comunidades indígenas”.