“Grupo México es un monstruo”, acusan damnificados

*Habitantes de la cuenca del río Sonora aseguran que la empresa de Germán Larrea los dejó en la ruina y, a cinco años de la tragedia, cunde en el ambiente el olor a muerte

*Habitantes de la cuenca del río Sonora aseguran que la empresa de Germán Larrea los dejó en la ruina y, a cinco años de la tragedia, cunde en el ambiente el olor a muerte

Por Gerardo Avendaño

(Segunda de tres partes)

El derrame de 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora, provenientes de la empresa Buenavista del Cobre, S.A de C.V., trajo ruina a las comunidades de sus cuencas y, para remediar los daños, la empresa creó un fideicomiso de dos mil millones de pesos, pero todo fue un engaño.

Grupo México prometió 36 plantas potabilizadoras, de las cuales sólo funciona intermitentemente una en el municipio de Bacanuchi, sin la certeza de que elimine metales pesados del agua.

Con el dinero del Fideicomiso Río Sonora, se instalaron 10 mil 188 tinacos en los municipios afectados, que en el mejor de los casos almacenan agua contaminada.

También ofreció construir 63 nuevos pozos para abastecer agua potable, de los cuales sólo unos cuantos se construyeron, pero no funcionan y, en la mayoría de los casos, únicamente se colocó una placa en los ya existentes, haciéndolos pasar como si la minera los hubiera construido.

Aunque la mayor marca de impunidad que dejó la compañía de German Larrea Mota-Velasco en los pueblos fue la Unidad de Vigilancia Epidemiolo´gica y Ambiental de Sonora (UVEAS) en el municipio de Ures, la cual atendería a los enfermos por contaminación, pero quedó en obra negra.

Disculpas con dinero y corrupción

El Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés), quienes han acompañado a los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) en asesoría legal desde que ocurrió el desastre ecológico el 6 de agosto de 2014, realizaron una investigación sobre el fideicomiso y concluyeron que fue un mecanismo opaco y fallido que no generó nunca un resarcimiento desde el gobierno o por la vía judicial.

El Gobierno Federal, encabezado por el expresidente Enrique Peña Nieto y la empresa Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., filial de Grupo México, acordaron la creación del Fideicomiso Ri´o Sonora mediante un convenio que contaría con dos mil millones de pesos, sin embargo, sólo se ejerció´ el 61 por ciento, es decir, mil 231 millones 367 mil 946.29 pesos.

“El mecanismo privado, con recursos de la empresa, se caracterizo´ por su falta de transparencia, por las irregularidades en su operación incluyendo nepotismo y gastos cínicos en publicidad, el destino de los recursos y por no garantizar la remediación efectiva del derrame ni el acceso a la justicia de las personas afectadas por el mismo”, señala la organización en un informe.

Por su parte, los pobladores de los siete municipios más afectados (Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe de Jesús, Baviácora y Ures) aseguran que se burlaron de ellos, pues las promesas que les hicieron nunca se cumplieron.

Óscar Encinas, luchador social del poblado de El Sauz, municipio de Ures, declaró en entrevista con Notimex, que las supuestas acciones de remediación fueron una humillación para los pueblos.

“La clínica representa para mí una burla, una burla de Grupo México y de parte del gobierno del estado, es una burla para nosotros, de perdida la deberían de estar usando en otra cosa y no estar nada mas tirada, se está desbaratando, se está deshaciendo”, expresó.

La mayor parte del fideicomiso se destinó para indemnizar directamente a los afectados. Se entregaron 680 millones 346 mil 131 pesos. Cada familia recibió 15 mil 350 pesos para compra de agua, mientras se establecían las plantas potabilizadoras, no obstante, el recurso no reparó integralmente los daños.

“Dinero no queremos, yo no gano nada con que me den un millón de pesos si a la semana que viene o al próximo mes me voy a morir, el dinero no va a remediar nada, yo quiero salud, que me curen.

“Nosotros vamos a seguir luchando para que esta clínica funcione, es la meta de nosotros, tener agua de calidad y tener salud de calidad, que respeten nuestros derechos humanos”, afirmó el luchador social.

También, denunció que el Fideicomiso Río Sonora estuvo plagado de corrupción, pues el Consejo Técnico del proyecto fue presidido por el entonces subsecretario de la Semarnat, Rodolfo Lacy Tamayo, con la participación de autoridades federales y altos mandos de la empresa.

De los 184 millones 954 mil 438 pesos destinados a la compra e instalación de los tinacos, cinco millones 502 mil 872 pesos fueron para la empresa Rotoplas de Carlos Rojas Mota Velasco, primo de Germa´n Larrea.

El Colegio de Ingenieros Ambientales de Me´xico, A.C., institución fundada por el mismo Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Semarnat, obtuvo 28 millones 614 mil 207 pesos. Asimismo, el Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora recibió´ 150 millones 837 mil 360 pesos.

Óscar Encinas señaló que dichos atropellos fueron permitidos por el gobierno de la República, gobierno estatal y ayuntamientos, quienes también se vieron beneficiados, por ejemplo, el fideicomiso entrego´ 58 millones 34 mil 156 pesos a dependencias municipales, a la Semarnat, Sedesol y Sagarpa entregó un millón 29 mil 183 pesos, sin que se conozca para qué se utilizó el recurso.

Por ello, Encinas hizo un llamado a la actual administración federal, para que investiguen el destino de los recursos que servirían para remediar los daños en el medio ambiente y en la salud de los pobladores.

“Yo le mando un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador, que aquí está su gente que lo necesita, queremos que venga y cumpla ese compromiso que hizo con nosotros hace dos años en la Plaza Zaragoza, de apoyar a los 22 mil habitantes que viven de Ures a Bacanuchi.

“Se comprometió a ayudar, a poner la mano sobre el culpable de esto que es Germán Larrea y Grupo México, en el tema del fideicomiso que se diga dónde quedó ese dinero, queremos que Víctor Manuel Toledo, como jefe de Semarnat, investigue y haga lo que tenga que hacer con los responsables”, manifestó.

El reparto de apoyos del Fideicomiso Río Sonora sólo duró 55 días después de la contingencia, por ello pobladores, los CCRS y la organización PODER aseguran que la reparación del dan~o no corresponde a la pe´rdida real y exigen justicia.

“A Germán Larrea le diría que venga y perciba lo que la gente siente, que vea lo que ha hecho, pero a él le vale ma…, no tiene respeto, es un criminal, no ocupa una pistola o un arma para matar a la gente, con esto tiene.

“Qué culpa tienen los niños que están naciendo ahorita de que un pin… monstruo venga a hacer un desmadre en el río Sonora, porque es un monstruo, y siguen contaminando día con día, son mentiras que ese derrame de 2014 fue el primero, ¿a donde iban a dar los desechos tóxicos de la mina?”, aseveró Óscar Encinas.

Las llagas siguen abiertas

En las semanas posteriores al 6 de agosto de 2014, habitantes del Río Sonora sufrieron las consecuencias de la exposición a metales pesados que dejó el derrame en la mina ubicada en Cananea. Llagas en la piel, alergias, caída del cabello, pérdida de uñas y, posteriormente, cáncer y leucemia padecieron cientos de personas.

A cinco años del fatídico hecho, las enfermedades continúan y las heridas aún son visibles, los 22 mil habitantes de la cuenca del río Sonora viven con la incertidumbre de saber si el día de mañana serán diagnosticados con una fatal enfermedad.

La Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), que supuestamente les haría estudios y daría tratamientos, hoy está completamente abandonada, llena de hierba y basura.

“Para que las autoridades entiendan la gravedad del asunto, creo que deberíamos de morirnos de golpe, para que digan `mira que mortandad de gente’ y entonces pongan atención, yo sé que la situación durante uno o tres años va a resultar grave”, declaró Mario Alberto Salcido Romo, agricultor de la comunidad de Guadalupe, municipio de Ures.

Como parte del Fideicomiso Río Sonora se invirtieron 78 millones 885 mil 290 pesos en el rubro de salud; de esta cantidad, 71 millones 80 mil 280 pesos, es decir el 90 por ciento, se gasto´ en la clínica que hoy está desierta.

El otro 10 por ciento, siete millones 805 mil 10 pesos fue destinado para atender directamente las afectaciones a la salud.

No obstante, Grupo México invirtió 32 millones 415 mil 798 pesos (cuatro veces más de lo designado a la salud) en una estrategia de promoción que fue difundida en su cadena de entretenimiento Cinemex, para proyectar comerciales sobre la supuesta remediación del río Sonora.

En ella se alardeaba del programa del Dr. Vagón, un tren con consultorios médicos móviles, el cual nunca ha llegado a las comunidades del río Sonora y del que sus pobladores apenas conocen de su existencia.

“Las autoridades de la mina nunca le hablaron al pueblo, siempre estuvieron con autoridades, nunca hicieron una reunión para dar una explicación, nunca Grupo México ha dado una explicación, han tomado las cosas por su propia voluntad y no han cumplido”, aseveró Salcido Romo.

En agosto de 2016, el Fideicomiso Ri´o Sonora y Cofepris, entidades encargadas de detectar, atender e indemnizar a los afectados en su salud por el derrame, dejaron de publicar información sobre el rubro.

“Vivimos con incertidumbre todo el tiempo porque cuando nosotros empezamos a trabajar con PODER, ellos nos dijeron que esto no era de inmediato, a pasar tiempo para darnos cuenta del surgimiento de alguna contaminación en nuestro cuerpo”, comentó el agricultor.

Salcido Romo compartió que en el municipio de San Felipe de Jesús, donde hay apenas 400 habitantes, el 70 por ciento de los niños está comprobado que tienen plomo en la sangre.

El agricultor expresó su enojo por la impunidad que ha imperado en los últimos cinco años, señaló que no es posible que el Colegio de Ingenieros Ambientales de Me´xico, A.C. recibió´ 2.5 veces más que lo recibido por todos los afectados a su salud.

“Es impunidad en todo el ejercicio de las potabilizadoras, fue un crimen, aquí en los pueblos, hay gente que gana poco y compra mucha agua y come muy poco, eso también es una cadena muy fuerte que habrá que romper.

“Si esta empresa ya una vez lo hizo aquí en la cuenca, lo hizo una segunda vez en Guaymas, lo va a seguir haciendo”, manifestó.

La humillación al pueblo

Luego del derrame que contaminó con metales pesados al río Sonora y Bacanuchi la única acción de contención en la emergencia que realizaron autoridades estatales y la minera fue cerrar por 70 días los pozos que abastecen de agua potable. Después sin más cuidado los abrieron y avisaron a las comunidades que el agua estaba limpia.

Grupo México destinó 125.8 millones de pesos del Fideicomiso para construir 63 nuevos pozos para el abastecimiento de agua potable. En algunas poblaciones era necesario reubicarlos porque se encuentran a escasos 200 metros del afluente.

Sin embargo, la compañía sólo colocó una placa de metal con la leyenda Fideicomiso Río Sonora en los pozos que han existido en la comunidad desde hace décadas.

Ramón Miranda, integrante del CCRS en el municipio de Aconchi, expuso que para evitar que los activistas tomaran muestras de agua, la compañía instaló una cerca metálica en cada uno para resguardarlos.

“La otra perversidad es que para justificar los recursos del Fideicomiso Río Sonora usaron los mismos pozos y lo único que hicieron fue poner el letrero, le hicieron creer a la sociedad mexicana, a los sonorenses, que nos habían instalado pozos nuevos, pero eso fue mentira”, declaró.

La placa en algunos casos ha sido corroída por el óxido y quemada por las abrasadoras temperaturas de entre 40 y 50 grados centígrados que imperan en la región.

Uno de los pozos que sí construyeron e incluso reubicaron fue el de la localidad de Ranchito de Huépac, del municipio de Huépac, sin embargo, la comunidad no quiso hacer uso de ese porque fue instalado a 50 metros del panteón municipal.

En los meses posteriores al derrame, inició el proceso electoral del 2015 donde se renovaría la gubernatura, congreso local y ayuntamientos, por lo que la tragedia en el río Sonora fue tomada como botín político, “nos quisieron bajar las estrellas, se aprovechó el momento, nos dijeron que nos limpiaban el río”, señaló Ramón Miranda.

En la jornada electoral del 7 de junio, en el municipio de Aconchi, resultó como alcalde ganador el priista José de Jesús Soufflé Enríquez, quien al tomar posesión del cargo gestionó la reubicación del pozo para surtir agua potable a las familias.

Sin embargo, meses después informó que la obra no funcionaba, pero vecinos del lugar denuncian que el pozo fue privatizado por el ahora exedil y lo emplea para regar sus tierras y dar de comer a su ganado.

El Fideicomiso Río Sonora prometió instalar 36 plantas potabilizadoras que estarían conectadas a los pozos de agua para eliminar los metales pesados. En febrero de 2016 se anunció que sólo serían 28 y en abril del 2017, Grupo México dijo que sólo construiría nueve porque los niveles de contaminación “se habían estabilizado”.

De esas nueve, la organización PODER documentó que sólo funciona la planta de Bacanuchi, en el municipio de Arizpe.

Asimismo, en las instalaciones de los ayuntamientos de Aconchi y Huépac se encuentran abandonadas dos plantas purificadoras que darían agua potable a las familias, pero ninguna funciona.

Las familias que viven en la cuenca del río Sonora desde hace cinco años compran agua embotellada para beber, invierten un promedio de 840 pesos mensuales, pues no tienen la certeza de que el agua de la llave esté libre de metales pesados.

El fideicomiso entrego´ 58 millones de pesos al Instituto de Geología de la UNAM para un “Diagnostico ambiental y propuesta de remediación”, pero la minera no invirtió´ ni un solo centavo en la puesta en marcha de dicha propuesta.

“Yo pienso que el agua de aquí esta mal porque las secretarías encargadas del agua no se atreven a poner un papel ahí en los pozos, aquí hay gato encerrado, si tienen la seguridad de que las aguas están limpias que nos den un documento”, demandó Miranda.

Hasta el 5 de marzo de 2018, en el Organismo de Cuenca Noroeste de la Conagua sólo había 17 trámites abiertos para perforación de pozos.

El 2 de febrero de 2017 sin informar a ninguna persona el Fideicomiso Río Sonora se terminó dejando en el olvido a los 22 mil habitantes afectados, una serie de irregularidades en el manejo de recursos, impunidad y corrupción, “esto fue una perversidad”, afirmó Ramón Miranda.