El presidente del Congreso de Baja California denuncia desvío de recursos con fines electorales

  • Presuntamente se desviaron 1,35o millones de pesos.
  • Según la denuncia buscan inducir el voto a favor del PAN.
  • Responsabilizan al secretario de Gobierno del estado.
Papelería electoral de las pasadas elecciones del 2 de julio.
Papelería electoral de las pasadas elecciones del 2 de julio.
NOTIMEX

El presidente del Congreso de Baja California, Gregorio Carranza Hernández, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), por presunto desvío de mil 350 millones de pesos de los recursos estatales, con fines electorales.

Denominal al fraude "Plan Baja Azul" El legislador entregó el recurso correspondiente ante la Oficialía de Partes de la Fepade contra lo que llamó "la ruta del fraude" o el "Plan Baja Azul", para supuestamente inducir el voto en favor del Partido Acción Nacional en los comicios del domingo 7 de julio.

 De acuerdo con Carranza Hernández, la denuncia es un mandato de la mayoría de los diputados del Congreso local, que tiene sustento en el testimonio de personas que participaron en esta estrategia.

 En ella se responsabiliza, principalmente, al secretario general de Gobierno de la entidad, Francisco García Burgos, sin descartar la participación del gobernador José Guadalupe Osuna Millán porque es "el jefe del estado", asienta.

 Según expuso el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, desde diciembre de 2001 se diseñó la estrategia para inducir el voto a favor de los candidatos panistas, y en especial el aspirante a la gubernatura, Francisco Vega de Lamadrid.

 En su dicho explicó que se realizaría a través de las secretarías de Educación Pública, Finanzas, Desarrollo Económico y Salud del estado, entre otras, y la detección de unos 600 funcionarios o comisionados del gobierno estatal en los distintos distritos electorales, para convertirlos en operadores electorales.

Se han utilizado vehículos oficiales

 Con los recursos públicos desviados, que a la fecha sumarían unos mil 350 millones de pesos, además de la contratación de personal, se habría instalado un call center en Mexicali y habilitado diversos centros de captura en instituciones de educación pública del estado.

 Adicionalmente se han utilizado vehículos para uso de las diversas secretarías del gobierno de la entidad, material e incluso el costo de la gasolina.

 Carranza Hernández insistió en que la presentación de esta denuncia responde a un mandato del Congreso del estado, a donde hace algunos días llegaron los documentos con testimonios de personas que han participado en esta estrategia y con diversos elementos de prueba, aunque no los presentó.