Piden a FGR informe de casos sobre corrupción en el Poder Judicial

Diputados y senadores de la Comisión Permanente del Congreso aprobaron un Punto de Acuerdo para pedir a la Fiscalía General de la República (FGR) un informe detallado de las investigaciones que lleva...

Diputados y senadores de la Comisión Permanente del Congreso aprobaron un Punto de Acuerdo para pedir a la Fiscalía General de la República (FGR) un informe detallado de las investigaciones que lleva a cabo sobre presuntos actos de corrupción cometidos por miembros del Poder Judicial Federal.

En el documento que se avaló en votación económica, sin discusión, se solicitó también al Consejo de la Judicatura Federal dar a conocer las medidas que ha realizado para identificar, prevenir y sancionar esas conductas en el Poder Judicial Federal.

En el dictamen se explica que en los últimos cuatro años se han documentado casos en contra de jueces y magistrados a quienes se les relaciona con hechos de corrupción, colusión con la delincuencia organizada, nepotismo o acoso sexual.

Otro punto de acuerdo que se avaló fue solicitar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana un reporte sobre los mecanismos empleados en la ministración de uniformes y distintivos a los nuevos elementos de la Guardia Nacional.

También se pidió que informe de las acciones que regulan y resguardan la identidad de los elementos, de los uniformes e insignias distintivas de ese cuerpo de seguridad, para evitar su utilización por personas ajenas a éste, así como garantizar la gratuidad de la vestimenta a sus integrantes.

En el documento aprobado se indica que "afuera de las instalaciones militares ya se pueden conseguir desde tocados hasta brazaletes con la insignia de ese organismo encargado de la seguridad de los mexicanos".

Hay locales, abunda, que venden los accesorios de la Guardia Nacional, mismos que compran los elementos del Ejército aunque cualquier persona puede acceder a ellos.

Se precisa que es de gran importancia tomar las medidas conducentes para restringir la venta de esos uniformes y distintivos, a efecto de que sólo puedan ser vendidos a la corporación policial y no a todo público.

Finalmente los legisladores expusieron la necesidad de evitar que sean usados por personas ajenas a dicho cuerpo y puedan ocasionar actos que confundan a la ciudadanía o incluso se utilicen para la comisión de delitos.

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