Violencia e inseguridad acentúan desplazamiento interno en México

La situación de violencia e inseguridad que impera en México es la causa de que la gente abandone su hogar, sus costumbres y su ideología, convirtiéndose en desplazados en su propio territorio...

La situación de violencia e inseguridad que impera en México es la causa de que la gente abandone su hogar, sus costumbres y su ideología, convirtiéndose en desplazados en su propio territorio.

“Evidentemente es una pérdida de absolutamente todo; lo único que te queda es tu dignidad y tu convicción”, refirió Norma Adriana Garduño Salazar, cuya familia tuvo que salir de su hogar luego de que sus hijas y ella fueran secuestrados en Morelos.

De acuerdo con Brenda Pérez, directora de Desplazamiento Interno Forzado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la mayor parte de las personas que deciden usar el desplazamiento como una estrategia de supervivencia es porque fueron víctimas de un hecho de violencia.

“Víctimas del delito, del secuestro, homicidio de algún familiar o de graves violaciones a los Derechos Humanos; tortura, desaparición forzada o porque fueron amenazadas, perseguidas, hostigadas, querían apropiarse de sus casas, ganado o bienes y como consecuencia tuvieron que abandonar absolutamente todo”, explicó en entrevista con Notimex.

Gerardo Gómez, esposo de Norma A. Garduño, narró que el 6 de mayo de 2013 sufrieron el secuestro de algunos miembros de su familia y que después de casi 24 horas de búsqueda, la Policía Federal logró rescatarlos.

Sin embargo, “vamos al gobierno del estado a ver qué está pasando porque ellos son responsables de nuestra seguridad; mis hijas jamás habían estado en la ciudad, veníamos con shorts, calcetas, sin documentos personales”.

Indicó que al salir de la entidad, intentaron levantar una denuncia a nivel federal en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

“Nos dicen: 'no pueden regresar a su estado, nos clasifican como de alto riesgo en el mecanismo de protección, se nos asigna un escolta, nos dan unos botones de pánico en nuestros teléfonos. Tuvimos que desaparecer durante dos años”, compartió.

“El desplazamiento viola el primer derecho, que es el derecho a la libertad de residencia y a la libertad de circulación. La noción de las personas internamente desplazadas es muy similar a lo que entendemos ahora, cada vez son realidades más cercanas, como personas refugiadas o solicitantes de asilo”, indicó Brenda Pérez.

De acuerdo con el último informe de la CMDPDH, de enero a diciembre de 2018 hubo 25 casos de desplazamiento interno masivo en México, que afectaron a 11 mil 491 personas.

El total de personas internamente desplazadas por la fuerza en México hasta diciembre del años pasado era de 338 mil 405, de los cuales mil 437 eran niños y niñas.

Entre los estados que registran mayor número de casos son: Guerrero, seguido de Sinaloa, Chiapas, Michoacán y Oaxaca.

Brenda Pérez consideró preocupante no solamente el número de personas desplazadas, sino que hoy solo dos entidades cuentan con una legislación para esta problemática: Chiapas, que generó su ley en 2012, y Guerrero, en 2014.

No obstante ser las dos únicas entidades a nivel nacional que cuentan con una ley especializada para atenderlo, dijo que no puede entender “¿por qué siguen siendo estos estados los más representativos en términos del desplazamiento?”.

Norma A. Garduño comentó que perdió todo: su vida profesional y académica se acabó, los ahorros de la familia se acabaron, la salud de sus hijas se trastocó.

“Después de seis años de tremendo viacrucis tenemos elementos suficientes para hablar de la invisibilidad como un fenómeno social ante el Estado”, afirmó.

Su esposo, Gerardo Gómez, recordó que no podían tener credenciales de elector “porque no podíamos aparecer en ningún sistema por el alto grado de peligrosidad, fue casi dos años después del desplazamiento que pudimos tener documentos oficiales”.

¿Cuál es el compromiso del gobierno y de la sociedad?

Para la directora de Desplazamiento Interno de la CMDPDH, el Estado tiene la obligación de generar medidas de atención, prevención y asistencia a este sector.

“Tienen la obligación de prevenir estos desplazamientos; de saber dónde están ocurriendo, de combatir las causas de manera estructural. Por otro lado, otorgar medidas de asistencia humanitaria, pero estas medidas tienen que ser pensadas a mediano y a largo plazos de tal manera que se puedan generar soluciones duraderas.

“Si nosotros como sociedad no estamos atentos a escuchar la historia del otro y a denunciar, hacerlo visible y a entenderlo, estamos destinados a que esto siga ocurriendo”, advirtió.

“La sociedad no debería perder su capacidad de asombro y no normalizar la violencia que estamos viviendo”, indicó Gerardo Gómez, mientras que su esposa Norma A. Garduño comentó que le han ofrecido irse al estado que quiera o al extranjero; incluso becas para sus hijas.

“Lo único que quiero es respeto a mi ideología, a mis formas de vivir, yo no soy un delincuente. Nadie nos asegura absolutamente tener una posibilidad de futuro. Lo único que tengo son ganas de recuperar mi espacio, salir adelante, recuperar la paz y tener tranquilidad para en algún momento poder retomar mi vida”, concluyó.

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