Instalan grupo para consulta sobre reforma para pueblos indígenas

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos instalaron el Grupo Técnico Interinstitucional para el...

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos instalaron el Grupo Técnico Interinstitucional para el proceso de consulta previa, libre e informada para la Reforma Constitucional y Legal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano.

El Grupo Técnico está conformado por 18 instancias que atienden a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, las cuales coincidieron en la necesidad de una reforma constitucional para saldar la deuda histórica con los pueblos indígenas y consolidar la transformación de México.

Para ello se realizarán 54 foros de consulta, 53 en las regiones indígenas del país y uno más en Los Ángeles, California, Estados Unidos, para la población indígena migrante y así escuchar a los 68 pueblos indígenas y al afromexicano.

En un comunicado, indicó que la consulta busca recabar las opiniones y propuestas de los pueblos y comunidades indígenas, por lo que en los foros no se expondrá una iniciativa de ley en concreto ni contenidos específicos.

Además se dialogará a través de los contenidos temáticos que han sido planteados en el Documento de Criterios y Principios, realizado por el INPI, el cual se ha nutrido con análisis y aportaciones del Comité Técnico de Expertos.

Durante el acto inaugural el titular del INPI, Adelfo Regino Montes, dijo que a fin de que los pueblos estén presentes en este proceso de transformación nacional “el Estado debe garantizar el reconocimiento de su historia, su dignidad y sobre todo de sus derechos”.

Regino Montes reiteró el compromiso del Gobierno de México de mantener el diálogo y consulta con los pueblos indígenas, así como escuchar sus voces y propuestas.

Comentó que los foros buscan abrir el diálogo y fomentar la deliberación sobre temas específicos, como la necesidad de que se reconozca la personalidad jurídica de las autoridades indígenas, para lo que se buscará otorgarles el carácter de sujetos de derecho público.

Diana Álvarez Maury, subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, dijo que desde la Secretaría de Gobernación (Segob) se buscará garantizar la inclusión de los pueblos indígenas a través de ejercicios participativos en las comunidades, con respeto a la figura de la asamblea.

“Existe un gran trabajo de coordinación con el INPI, que ha desarrollado los protocolos de consulta respetando los instrumentos internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas”, anoto la funcionaria federal.

Reiteró el compromiso del Gobierno de México “de mandar obedeciendo”, al colocar a la ciudadanía en el centro de la política para que la interculturalidad del país se vea reflejada en la Constitución Política de México.

Víctor Suárez Carrera, subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), precisó que sin la construcción de un nuevo pacto social entre estos pueblos y el Estado mexicano no se podría hablar de una transformación nacional.

Entre las propuestas realizadas por el Grupo Interinstitucional destacaron la necesidad de incluir temas relacionados a los derechos sexuales y reproductivos con pertinencia cultural en las comunidades y fortalecer la partería y la medicina tradicional.

También la defensa de las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos; la protección de los saberes y propiedad comunitaria del patrimonio cultural; y los derechos lingüísticos de los participantes de la consulta.

Las instancias integrantes del grupo coincidieron en la necesidad de dar una respuesta que esté a la altura de las necesidades y circunstancias de los pueblos y comunidades indígenas, para lo cual se escucharán sus demandas y propuestas y convirtiéndolas en normas.

Expresaron su disposición de contribuir en el proceso de reforma constitucional y legal necesario para concretar el cambio en la organización y la vida política, social y jurídica del Estado mexicano.

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