Contar con firma electrónica única y universal, objetivo del SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene como objetivo de política pública que la firma electrónica, también conocida como e-firma, sea una sola y universal, lo que traerá enormes...

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene como objetivo de política pública que la firma electrónica, también conocida como e-firma, sea una sola y universal, lo que traerá enormes beneficios fiscales y recaudatorios, además de generar ahorros a la sociedad.

La jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat, destacó que al contar con una sola firma electrónica y universal, se le facilitará la labor de los funcionarios públicos, “con ello, también le salimos más barato al contribuyente”.

Durante la firma de un convenio de colaboración entre el SAT y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), abundó que con una e-firma global, total, universal y única se facilitarían las transacciones comerciales, abrir contratos de intermediación bursátil sin sucursales, lograr mayor inclusión financiera, incluso hacer cosas que ahora resultan inimaginables.

Acompañada por el titular de la ASF, David Colmenares Páramo, refirió que el SAT tiene carácter de autoridad certificadora y está a cargo del programa de firma electrónica avanzada, con la cual se le otorga una identidad digital a los ciudadanos con base en sus datos biométricos, dactilares, imagen de iris y rostro.

La e-firma es un archivo digital que sirve para identificar a una persona al momento de realizar trámites en línea, y cuenta con elementos de seguridad mediante los cuales se puede garantizar la confianza del que la usa y la integridad del usuario y de los documentos, y tiene la misma validez que una firma autógrafa.

A marzo de 2019, unos 9.6 millones de contribuyentes activos cuentan con su e.firma, un incremento de 8.5 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado, y tiene una vigencia de cuatro años y su expedición es gratuita.

La funcionaria refirió que existe la posibilidad de que los particulares que acuerden el uso de la e-firma como medio de autenticación o firmado de documentos digitales, pueden solicitar al SAT prestar el servicio de verificación y autenticación de los certificados de firma electrónica.

Así, informó, se tienen firmados 122 convenios para ello, de los cuales 76 son entre dependencias, 32 con entidades federativas y 14 con municipios, además de que hay ocho que están en proceso, con lo cual “la firma electrónica no solo llegó para quedarse, va avanzando a buenas partes”.

La jefe del SAT mencionó que a partir de la autorización a Banco Santander en febrero pasado, se ha concedido su uso a seis particulares más, entre los que destacan Bancomer y el Colegio de Notarios de la Ciudad de México.

En la actualidad, la firma electrónica que emite el SAT es utilizada en 202 servicios no fiscales, como la presentación de declaración a través del DeclaraNet, la emisión de certificados de nacimiento, la titulación electrónica de los alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana, entre otros.

Ríos-Farjat señaló que cualquier instancia pública o privada que tiene interés puede acceder al servicio de verificación de firma electrónica.

El convenio motivo del encuentro permite establecer las acciones necesarias para la implementación y uso de la firma emitida por el SAT en los actos jurídicos y administrativos electrónicos que la ASF determine.

Con dicho convenio, la ASF podrá dar servicios como validez jurídica para los documentos firmados electrónicamente, simplificación y automatización de procesos y trámites, reducción de papel y costos, disminución de los errores al eliminar los procesos manuales, disponibilidad y servicio las 24 horas y aumento de la productividad, entre otros.

El auditor Superior de la Federación señaló que la suscripción de este convenio con el SAT sienta las bases para la adopción de nuevas herramientas tecnológicas y metodológicas a implementar a corto plazo.

Por ejemplo, dijo Colmenares Páramo, un buzón de auditoría que facilite y reconozca, con plena validez jurídica, el intercambio de información digital entre los entes auditados y la Auditoria Superior, mediante el uso de la e.firma.

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