Familias otomíes piden ayuda ante amenazas de desalojo

Unas 80 familias otomíes alertaron sobre un posible desalojo de las afueras del predio ubicado en el número 18 de la calle Roma, colonia Juárez, el cual se encuentra abandonado, y en riesgo de caer a...

Unas 80 familias otomíes alertaron sobre un posible desalojo de las afueras del predio ubicado en el número 18 de la calle Roma, colonia Juárez, el cual se encuentra abandonado, y en riesgo de caer a consecuencia del sismo de 2017

Refirieron que el alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez, se comprometió con los vecinos de dicha colonia a hacer un operativo en ese sitio, igual al realizado el 30 de mayo pasado con comunidades otomí y triqui en el mismo predio, pero en la acceso ubicado en el número 7 de la calle Londres.

En conferencia de prensa, Román Sánchez, Diego García, Filiberto Margarita, Sandra Suaste y Estela Quirino, de la comunidad otomí, y miembros de la Comunidad Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno, refirieron que el 30 de mayo pasado fueron rodeados por unos 200 policías durante cinco horas, mientras que la entrada de Londres 7 era violentamente desalojada.

Explicaron que ellos ocupan el predio –que fungió como embajada de España en México durante el franquismo- desde hace muchos años. Luego del sismo del 19 de septiembre de 2017, y dado que fue señalado como edificio de alto riesgo, decidieron ubicarse en la calle, en donde están hasta hoy.

Ellos pretenden comprar el predio con el apoyo de las autoridades y que se rescate el símbolo emblemático del lugar como punto de resistencia, o que se expropie el sitio por causa de utilidad pública y se les entregue para vivir.

“No tenemos contemplado irnos”, dijeron y alertaron que existe una presunta complicidad entre autoridades capitalinas y la inmobiliaria Eduardo, que en conjunto reclaman la propiedad. Los señalaron de prácticas racistas por ser indígenas, pues “nos llaman sucios, insalubles, delincuentes y hasta nos acusan de trata de personas”, señaló Estela Quirino.

Afuera de Roma 18, las familias han dispuesto sus campamentos en la calle, en tanto que se construye una barda y se coloca alambrado para que nadie pueda ingresar al inmueble.

Diego García explicó que se tuvieron mesas con la administración pasada para buscar un acuerdo, pero no se logró nada, pues según él no hubo voluntad "de la administración saliente ni de la empresa que dice ser la representante legal”, pues ellos solicitaron que el gobierno anterior acreditara la legítima propiedad, lo cual no hicieron.

Explicó que acudieron con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y les dijeron que se abriría una nueva mesa y de diciembre a la fecha se han reunido en dos ocasiones, sin obtener respuesta alguna. “Nos señalan que la administración pasada no dejó rastro de las mesas de diálogo y lo que es peor, lo único que han podido resolver es que no nos pueden vender el inmueble”.

“Demandamos a la sociedad, a la jefa de gobierno y a la Secretaría de Pueblos Indígenas que intervenga, igual que a la Consejería Jurídica de Gobierno, para encontrar una solución inmediata”, señaló.

De acuerdo con los quejosos, “esta política capitalista y neoliberal que impulsa la Cuarta Transformación tiene como sentido el despojo de las comunidades y pueblos indígenas y nos toca vivirlo al interior del país y en la propia Ciudad de México”.

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