Con el objetivo de eliminar privilegios fiscales, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el Decreto por el que se compromete a no otorgar condonaciones o a eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios a grandes contribuyentes y deudores fiscales, informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Durante la conferencia de prensa que cada mañana ofrece el Jefe del Ejecutivo, la jefa del SAT, Margarita Rios Farjat, informó que, en los últimos 18 años se condonaron impuestos por 400 mil 902 millones de pesos (valor actual), a 153 mil 530 contribuyentes.

Esto, con base en esquemas de condonación de adeudos sobre contribuciones, multas y recargos, distintos a lo que prevé el Código Fiscal de la Federación que dispone en qué casos excepcionales podría el Titular del Poder Ejecutivo permitir esa medida.

Las distinciones principales de los esquemas adoptados tres veces a lo largo de 18 años es que se trata de condonaciones generalizadas, donde lo decisivo era estar en situación de incumplimiento fiscal, y que además fueron promovidas a través del Congreso.

Así, el primero de estos esquemas se presentó por medio de unas disposiciones transitorias del Código Fiscal de la Federación (2000), refirió en un comunicado el organismo fiscalizador.

Estos contenían no solo condonaciones sino la restricción al Fisco Federal respecto de sus facultades de comprobación: si el contribuyente cumplía con su declaración del 2000 y se mantenía cumpliendo, se “olvidarían sus irregularidades anteriores” (así se promocionó).

Este esquema de condonación, indicó, volvió a presentarse en 2007 y 2013, pero ahora a través de la Ley de Ingresos de la Federación para esos ejercicios, y si bien ya no restringía las facultades del fisco, sí implicaba condonaciones mucho mayores en términos económicos.

El SAT mencionó que en 2000 se condonaba entre el 10 y 12.5 por ciento del crédito fiscal a cambio del pago del resto, en tanto que entre 2007 y 2013 se condonaba el 80 por ciento a cambio de liquidar el 20 por ciento.

Recordó que en el periodo 2007-2018, el 54 por ciento del monto total de las condonaciones fiscales del sector privado se concentró en 108 contribuyentes, a quienes se les condonaron 213 mil millones de pesos (a valor actual).

La titular del SAT mencionó que en 2007-2012 recibieron el beneficio 18 mil 302 contribuyentes, cifra muy rebasada en 2013-2018, pues se beneficiaron entonces 135 mil 228 contribuyentes.

Ríos-Farjat observó que la tendencia creciente a utilizar la condonación generalizada de impuestos cada seis años, con lo que quedaba en entredicho el principio de política fiscal de reservar esas medidas para casos de urgencia y necesidad.

Además, contravenía el principio constitucional de que todos contribuyan a la carga pública de forma proporcional y equitativa, comentó.

En el caso de la de 2001-2006, agregó, se controvirtió el Estado de derecho al restringir al fisco sus facultades de comprobación y borrar así el historial fiscal, y se mermó la recaudación secundaria (por las auditorías que no se hicieron).

La Jefa del SAT apuntó que no se trataba de la eliminación de un incentivo fiscal sino de una práctica que, nos guste o no, ya se había pervertido pues instaba a los contribuyentes a aguardar cada seis años la dispensa de sus impuestos, esto en detrimento de los contribuyentes cumplidos, quienes se esfuerzan y sacrifican para mantener al país.

Que el mayor incentivo fiscal es no excepciones, piso parejo y espíritu solidario para salir adelante, subrayó la funcionaria federal.

Al respecto, el presidente López Obrador se comprometió a no impulsar este tipo de medidas porque lastiman a la sociedad, y reiteró su compromiso de combatir los privilegios fiscales que dañan las finanzas públicas.

Manifestó y firmó en el Decreto, que solo utilizará la medida en los términos que marca la ley fiscal, es decir, para impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de la actividad, la producción o venta de productos.

Asimismo, en casos de catástrofes naturales sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias, así como el pago en especie y los beneficios fiscales otorgados en 2015 en materia de vivienda.

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