Prisión preventiva oficiosa es violatoria de derechos, señala experto

Antonio Salcedo Flores, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), señaló que la aprobación y publicación de la reforma constitucional sobre prisión preventiva oficiosa representa...

 Antonio Salcedo Flores, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), señaló que la aprobación y publicación de la reforma constitucional sobre prisión preventiva oficiosa representa un crimen de lesa humanidad. 

El académico del Departamento de Derecho de la Unidad Azcapotzalco explicó que el encarcelamiento sistemático y generalizado y otras privaciones de libertad física dañan las normas del derecho internacional de las que el país forma parte, como la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Por ello, expuso, los órganos de gobierno que aprobaron la reforma constitucional que aumentó el catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa o automática, así como el Ejecutivo federal, quien promulgó y publicó la reforma, pueden ser denunciados ante la Corte Penal Internacional como probables responsables de la comisión del delito mencionado.

También, consideró, la reforma constitucional sobre la prisión preventiva oficiosa aprobada por el Poder Legislativo viola el derecho al debido proceso, la presunción de inocencia y que un juez sea quien decida el encarcelamiento de una persona.

El experto sostuvo en un comunicado que entre los elementos jurídicos para señalar el carácter violatorio de esta figura legal, que el artículo 17 de la carta magna establece que toda persona tiene derecho a recibir justicia en los tribunales.

México forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, compromisos que también definen que la prisión preventiva de una persona sólo la puede decidir un juez, afirmó.

Contrario a ello, continuó, con esta reforma la prisión preventiva la deciden los legisladores por medio del artículo 19 constitucional, a través del cual imponen al juez decretarla en todos los casos en que la Constitución y la ley secundaria lo determinen, y lo despoja a él y a los tribunales de su jurisdicción al impedirles analizar la denuncia, la contestación del cargo y pruebas, entre otros aspectos.

El especialista en derecho refirió que el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas instó a México a adecuar el artículo 19 constitucional a los compromisos internacionales asumidos y dejar sin efecto la prisión preventiva oficiosa. así como también hizo lo propio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

De acuerdo con un estudio sobre el sistema de justicia en México realizado en 2010 por legisladores y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en 95 por ciento de los casos en los que se decreta prisión preventiva se dicta sentencia condenatoria, con el riesgo de que al sospechoso le sea negado el debido proceso, el derecho a ofrecer pruebas, a ser oído y a defenderse.

En su obra “La insuficiencia de la ley para la solución de problemáticas jurídicas en nuestro país. Ocho estudios de caso o El Digesto Metropolitano” Salcedo Flores debate sobre la pertinencia jurídica de aplicar la prisión preventiva oficiosa por la comisión de un delito grave, ya que el problema al contar con esta figura jurídica es que el juez ya no funciona.

“Lo importante es la adecuada impartición de la justicia en un sistema jurídico, no la aplicación del mandato legal sin reflexión y automático, lo cual lleva a analizar y, en su caso, debatir la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”, añadió.

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