Ven rezago en combate a la tortura, pese a ley en la materia

Ángel Salvador, activista de la asociación civil Documenta, urgió a que las autoridades asuman el compromiso de hacer frente al rezago en la implementación de la Ley para Prevenir la Tortura, a fin...

Ángel Salvador, activista de la asociación civil Documenta, urgió a que las autoridades asuman el compromiso de hacer frente al rezago en la implementación de la Ley para Prevenir la Tortura, a fin de que cumpla su función y México deje de ser un país donde ese delito siga impune.

Además señaló que es indispensable retomar la obligación que los estados del país tienen para implementar la capacitación de personal especializado para realizar peritajes y atender casos de abuso de autoridad y aplicación de tortura.

Al participar en una conferencia organizada por el Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", expuso que a dos años de que se creó la ley existe un rezago muy evidente en su implementación, tanto en las obligaciones vinculadas a los hechos de tortura como en las preventivas.

La conferencia se efectuó previo al examen que México rendirá el 25 y 26 de abril en Ginebra, Suiza, ante el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, para dimensionar la presencia de ese delito en el país.

Aseveró que al aprobarse dicha normativa México avanzó mucho en sus obligaciones internacionales en materia de combate a la tortura, por el hecho de que su legislación tipificó ese y otros delitos y los adecuó a los estándares internacionales.

Pero además con esa nueva ley se estableció un amplio abanico de responsabilidades del Estado para combatir ese problema. Sin embargo, a dos años de haberse aprobado, consideró que prevalece un rezago en la implementación, así como en el combate a la tortura.

Muestra de ello es que el número de sentencias por delitos de tortura, desde que se aprobó la ley, "no ha experimentado el aumento que cabría esperar dentro de todos los casos que están abiertos, así como tampoco ha incrementado la documentación sobre los casos de tortura que se producen".

Como resultado, según él, se genera una gran diferencia entre los hechos de tortura perpetrados y los casos resueltos, lo que lleva a la conclusión de que ese flagelo sigue siendo un delito con el índice de impunidad más elevados de todos.

Por otro lado recordó que, como punto central para combatir ese ilícito, se determinó la creación de fiscalías especiales, como figura que se enfocaría en la investigación de la tortura.

En ese sentido la ley "otorgó a las autoridades un plazo de 90 días para que todas las entidades federativas contaran con estas fiscalías, sin embargo, a casi 700 días de aprobada la ley, muchos estados no las tienen", subrayó.

Señaló que si existen normativamente no están operando adecuadamente y ese es "el gran problema, porque no se disponen de suficientes recursos materiales, personales, o por la razón que sea, lo que ha hecho que no haya una transición para que asuman todas las facultades que establece la ley".

Reveló que una justificación que ha prevalecido en ese caso es que "no existen recursos suficientes", cuando en realidad el problema no es la falta o no de recursos o personal capacitado, sino una falta de interés y compromiso.

La verdad, dijo, es que la ley establece en el transitorio sexto la posibilidad de que si no hay suficiente dinero para crear esas fiscalías especiales se creen unidades administrativas especiales dentro de ellas, que serían como la salvaguarda para garantizar que sí se establezcan.

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