El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, señaló hoy que seguirá las recomendaciones del Síndic de Greuges (defensor de las personas) de retirar símbolos independentistas de edificios públicos, como exigió la Junta Electoral Central, pero sin ser él quien lo ordene.

En un comunicado, la oficina de Torra reiteró su convencimiento de que "los lazos amarillos no son un símbolo partidista", pese a que el síndic Rafael Ribó le recomendó acatar el llamado de la Junta Electoral Central (JEC), y retirar los lazos amarillos y "esteladas" (banderas catalanas) de los edificios públicos.

Torra reiteró su compromiso "con la libertad de expresión en el espacio público, que no ha de ser neutral, sino libre", y destacó que los lazos amarillos son un símbolo de recuerdo y reconocimiento a personas "injustamente alejadas de su sociedad", en referencia con los presos por el fallido proceso de independencia.

Torra pidió el pasado 12 de marzo al Síndic de Greuges, institución catalana independiente que trabaja para garantizar los derechos de los ciudadanos, que emitiera un informe sobre la prohibición de los lazos amarillos.

El viernes pasado, Ribó envió su informe a Torra, quien anunció que pediría al organismo un dictamen, pero la JEC ordenó al gobierno el lunes pasado dar instrucciones para retirar los símbolos partidistas en 24 horas, una medida que Torra desatendió.

Este miércoles, el síndic dio a conocer de manera pública su recomendación al gobierno catalán de retirar de "forma excepcional" los lazos y esteladas de las dependencias, a fin de preservar la neutralidad ideológica de los poderes públicos desde la convocatoria de los comicios hasta que finalice la votación.

Aclaró que se trataría de "una medida temporal", puesto que considera que fuera del período electoral, estos símbolos se enmarcarían dentro del "ejercicio de la libertad de expresión en el espacio público". 

La JEC tiene previsto reunirse mañana jueves para tomar una decisión sobre la polémica abierta por la negativa de Torra, que podría derivar en la apertura de un procedimiento administrativo y una multa que va de 300 a tres mil euros (de 342 a tres mil 428 dólares), e incluso una investigación judicial. 

En 2018, la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montserrat Venturós, fue inhabilitada durante seis meses a ejercer cargos públicos y pagó 540 euros (617 dólares) por haberse negado a quitar una "estelada" colocada en el balcón del ayuntamiento durante las elecciones autonómicas y generales de 2015.