Señalan que la presunción de inocencia es el derecho de toda persona

La presunción de inocencia es un derecho de toda persona mientras no se compruebe su culpabilidad, afirmó el juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Rodolfo Moreno Murillo.Su opinión sobre...

La presunción de inocencia es un derecho de toda persona mientras no se compruebe su culpabilidad, afirmó el juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Rodolfo Moreno Murillo.

Su opinión sobre este derecho lo expresó al dictar la conferencia “La presunción de inocencia”, que dirigió a la comunidad de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

Dijo que “el Principio de Presunción de Inocencia es un derecho procesal penal que informa la actividad jurisdiccional como regla probatoria y como elemento fundamental del derecho a un juicio justo”.

Luego explicó que la presunción de inocencia tiene dos vertientes, la primera es una Regla Probatoria; y, la segunda, la Regla de Trato, las cuales explicó a la asistencia.

En la Regla Probatoria corresponde a las Fiscalías se debe demostrar que se llevó a cabo un hecho delictuoso y que el responsable es el acusado. En caso de que se tenga alguna duda se debe determinar la absolución, principio denominado (in dubio pro reo), explicó.

La Regla de Trato se refiere al derecho de la defensa, pero también con el respecto que las autoridades y aún los terceros debe tener en la Presunción de Inocencia; además el de no ser presentados como culpable ante la sociedad y respecto de su integridad.

“Toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se prueba su culpabilidad mediante una sentencia, ya que este principio lo registra la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Estatuto de Roma y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, dijo.

El Juez Rodolfo Moreno recordó que en el anterior Sistema Penal existía un delito denominado difamación, que consistía en comunicar dolosamente a una o más personas, la imputación que se hace a otra persona moral (en los casos previstos por la ley) de un hecho cierto o falso, determinado e indeterminado que puede causarle deshonra, descrédito, prejuicio o exponerlo al desprecio de alguien.

En la conferencia, ofrecida dentro del Convenio Marco entre la Unidad Académica de Derecho y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), resaltó que un detenido por el delito de difamación tenía derecho a depositar fianza ante la autoridad para obtener libertad.

“En el Nuevo Sistema de Justicia Penal nos dice que si una persona es inocente hasta que no se le declare culpable en una sentencia, por lógica el acusado debe permanecer en libertad mientras se lleve a cabo el proceso y que sus derechos no sean violentados, a menos de que exista un riesgo o peligro”, aclaró.

Al igual, en el Nuevo Sistema de Justicia la prisión no es automática, sino que se implementan Medidas Cautelares, las cuales son restricciones a los derechos del imputado que pueden solicitarse por el Ministerio Público y ser decretadas por el órgano jurisdiccional, para asegurar el cumplimiento de los fines del proceso, o asegurar la responsabilidad pecuniaria que pudieran derivar para el acusado.

“Las Medidas Cautelares se imponen debido a que puede existir un riesgo de sustracción al no comparecer, riesgo para la víctima, testigos o comunidad de que puede cometer un delito contra ellos, riesgo de obstaculizar el proceso, destruyendo, modificando u ocultando evidencia o influya en testigos”, expresó.

El Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento refirió que dentro de las Medidas Cautelares que se pueden aplicar están Las reales, consistentes en el embargo de precautorio e inmovilización de cuentas.

Y las personales, referentes a la presentación, garantía económica, prohibición de salir de determinado ámbito territorial, vigilancia de una institución, prohibición de concurrir a lugares o comunicarse con personas, suspensión del cargo o actividad profesional, localizadores (brazaletes electrónicos), resguardo en propio domicilio y prisión preventiva, esta última es la más grave.