Impulsan creación de comisiones estatales de Atención a Víctimas

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) solicitó a los gobiernos locales incorporar a las víctimas en la distribución de los recursos del Fondo de Aportación para la Seguridad Pública de...

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) solicitó a los gobiernos locales incorporar a las víctimas en la distribución de los recursos del Fondo de Aportación para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP).

Ello, con el objetivo de consolidar la instalación y operación de las comisiones estatales de Atención a Víctimas, informó el comisionado ejecutivo de la CEAV, Jaime Rochín del Rincón.

Mediante un comunicado, señaló que la Ley General de Víctimas establece la obligación de todas las entidades federativas de constituir su respectiva Comisión Estatal de Atención a Víctimas, con pleno funcionamiento de su propio Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y de su Asesoría Jurídica.

Rochín indicó que lo anterior resulta fundamental para garantizar los derechos de las víctimas de delitos del fuero local y de violaciones de derechos humanos cometidas por servidoras y servidores públicos estatales, de ahí que los recursos del Fondo pudiera ser una garantía de apoyo a las víctimas.

En este marco, dijo que a través de los recursos del Fondo de Aportación para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal, los gobiernos locales pueden fortalecer la infraestructura, equipamiento, contrataciones y capacitación de las comisiones ejecutivas e instancias que atienden víctimas en las entidades federativas.

Recordó que desde 2017 los gobiernos estatales han utilizado los recursos del Fondo en los rubros de infraestructura, capacitación, equipamiento y contrataciones, pero no en el fortalecimiento y creación de instancias de atención a víctimas, dejando vulnerable una de las partes vitales para el adecuado funcionamiento del Sistema de Justicia Penal.

Finalmente, el comisionado ejecutivo destacó que la CEAV ha otorgado asesoría permanente a los gobiernos estatales que lo requieran, a fin de consolidar un sistema estatal de atención a víctimas por cada entidad federativa.