La bancada del PRD en la Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a homologar el salario mínimo en 176 pesos con 72 centavos en todo el país y no sólo en 43 municipios fronterizos.

La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez argumentó que si bien el aumento al salario decretado a principio del año es un avance, se requiere homologar el mismo al que se estableció en la frontera norte para revertir el aumento de precios de la canasta básica, transporte, casetas de peaje y el precio de las gasolinas.

"Todos sabemos que a pesar del incremento autorizado para el 2019 por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, éste sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades de una familia”, expresó en entrevista.

Dijo que los legisladores deben ser aliados efectivos de los trabajadores, y que la federación debe cambiar la política salarial con la finalidad de lograr que todos accedan a un salario digno, suficiente para satisfacer las necesidades alimentarias, educativas, de salud, culturales y esparcimiento de las familias.

La diputada por Zacatecas agregó que su bancada está en desacuerdo en dividir a los trabajadores "en primera y segunda clase", donde en todo el país ganan 97.79 pesos diarios y en 43 municipios de la frontera norte 176 con 72 centavos, lo cual provoca una mayor desigualdad entre las regiones del país.

Esparza Márquez reconoció que hoy en México existen las condiciones necesarias para cambiar la política salarial, por lo que exhortó a sus compañeros legisladores a ser congruentes en sus propuestas que tienen que ver con este tema.

La perredista indicó que si se quiere lograr una nación con justicia, paz y desarrollo, se tienen que conjuntar esfuerzos para lograr un salario digno que parta de los 176 pesos con 72 centavos.

Sobre este tema consideró que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social debe también establecer un programa que brinde atención, orientación y ayuda a los empleados que se han visto beneficiados con el aumento de su salario. Explicó que este planteamiento busca que el gobierno federal proteja el derecho de todos los trabajadores.